Cumbre de urgencia en la UIA hoy por la estatización

• Debatirán también reclamo por los reintegros y cargo de ingreso a puertos

Los empresarios se tomaron seriamente la posibilidad de que el Gobierno de Cristina de Kirchner imite el modelo chavista a pesar de las promesas en contrario de ministros (Julio De Vido, Florencio Randazzo) y de Aldo Ferrer, director por el Estado en Techint.

Por eso, la Unión Industrial Argentina (UIA) decidió este fin de semana, y pese al feriado, adelantar dos semanas su reunión de Junta Directiva, el órgano del que participan unos setenta delegados que representan a sectores y provincias.

Este «legislativo» de la central fabril fue convocado de urgencia mediante llamados a celulares y mensajes por e-mail, dado que muchos de ellos deberán trasladarse desde el interior para estar hoy en el edificio de la Avenida de Mayo a las 15, hora en que está citada la asamblea.

Obviamente, uno de los temas centrales (pero no el único) de esta convocatoria es lo sucedido con Techint en Venezuela, y las posibles réplicas que ese terremoto estatista podría tener en territorio argentino. Antes de la Junta, y como es habitual, habrá un almuerzo para el Comité Ejecutivo (la «mesa chica» de la UIA), en la que seguramente Luis Betnaza -hombre clave del grupo que encabeza Paolo Rocca y vicepresidente segundo de la entidad- les relatará a sus pares las últimas novedades del inesperado conflicto.

Sin embargo, el reclamo por las estatizaciones no será lo único que se escuchará: el temario de la asamblea reitera el pedido al Gobierno de que liquide de una vez los reintegros a las exportaciones, un trámite que acumula demoras de varios meses en algunos casos.

También volverán a protestar por el cargo de u$s 14 más IVA por container que pase por el puerto de Buenos Aires, y que van a las arcas de una empresa denominada IVETRA, con la cual el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, tendría vinculación. La empresa la preside el ex juez Daniel Llermanos, que sería el abogado del gremio de camioneros, y la recaudación anual por esa gabela rondaría los u$s 15 millones, según fuentes de la UIA. Todo esto conforma, obviamente, un panorama más que complicado a los ojos de los empresarios, no sólo de los industriales.

Por eso, la Junta Directiva insistiría con un pedido de audiencia para que la presidente Cristina de Kirchner reciba al Comité Ejecutivo de la UIA; hasta ahora la mandataria sólo se entrevistó con el presidente de la entidad, Héctor Méndez, pocos días después de que éste asumiera su cargo. «No creo que con lo que está pasando tenga demasiadas ganas de vernos», admitió a este diario uno de los miembros de esa «mesa chica».

En tanto, continuaron el fin de semana los llamados y mails entre empresarios y dirigentes del sector para tratar de coordinar acciones conjuntas que impidan lo que consideran un inminente y más profundo avance del Gobierno sobre la propiedad de las empresas. Ayer, la Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Públicos se sumó a la larga lista, al repudio por la estatización en Venezuela de Matesi (fabrica «briquetas», materia prima de la industria siderúrgica; emplea a 130 personas) y de TAVSA (tubos sin costura; 364 empleados), ambas de Techint. La tercera de las firmas en las que los Rocca tienen intereses es Consigua (también briquetera), pero en este caso la mayoría accionaria es de la canadiense Kobe.

Comunicado

Ayer, Tenaris (que controla TAVSA) envió un comunicado a la Bolsa mexicana (en Buenos Aires y en Wall Street fue feriado) informando que «algunas subsidiarias en las cuales tiene participación mayoritaria y que operan en terreno venezolano se verán afectadas por la política de nacionalización instaurada por el Gobierno de Hugo Chávez». La carta bursátil agrega que «por el momento desconoce los detalles del proceso de estatización de algunas compañías del sector siderúrgico».

Curiosamente, un dirigente sindical venezolano del estado de Guayana -donde están radicadas las empresas que Chávez anunció que estatizará- dijo que «un patrón es un patrón, no importa que sea privado o el Estado», y advirtió que «ni en TAVSA ni en las demás compañías deben cometerse los mismos errores que se cometieron en Sidor». El nombre del dirigente es José Saracual, miembro del grupo sindical Unidad Matancera.

Sus dichos vendrían a confirmar que Sidor, desde que pasó a manos del Estado venezolano, es poco menos que un caos. No entró en colapso terminal simplemente porque el consumo de aceros planos -que es lo que produce- en todo el mundo se desplomó, y entonces no han debido mantener la productividad para satisfacer a un mercado demandante. La ineficiencia, entonces, de la combinación Estado-gremios puesta a manejar empresas será el punto que los empresarios argentinos tratarán de enfatizar cada vez que se hable de confiscaciones.