El llamado Programa de Protección al Empleo (PPE), un decreto ejecutivo firmado el lunes por la presidenta Dilma Rousseff, busca ayudar a sectores que, como el automotor, en los últimos meses, ante la fuerte caída de la demanda, despidieron a miles de trabajadores debido a la reducción de su producción.
La norma autoriza a empresas que enfrenten dificultades financieras temporales a reducir la jornada de trabajo de sus empleados hasta en un 30%, con la consecuente reducción del salario en el mismo porcentaje, con el fin de reducir la producción sin tener que despedir trabajadores.
El Estado, por intermedio del oficial Fondo del Amparo al Trabajador, subsidiará al empleado afectado con el pago de hasta la mitad del valor de la pérdida salarial.
Pese a que entró en vigor de inmediato por contar con la firma de la jefa de Estado, la medida aún tendrá que ser analizada y aprobada por el Congreso, que le puede introducir modificaciones y hasta vetarla.
La legislación especial regirá hasta el 31 de diciembre de 2016, para cuando el Gobierno considera que estará superada la actual coyuntura económica negativa y el país estará creciendo nuevamente, tras la contracción de hasta el 1,5% esperada para este año.
Además de la contracción económica y de una posible recesión este año, Brasil sufre con la mayor inflación interanual en la última década, las mayores tasas de interés en diez años, una fuerte reducción del consumo y las ventas, y un creciente desempleo.
Las empresas que se acojan tendrán que comprometerse a no despedir ningún empleado hasta al menos dos meses después de que la medida pierda vigor, es decir hasta febrero de 2017.
| Agencias EFE, Reuters y ANSA |
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