De la Sota va por otro portazo ante la Corte

Ricardo Lorenzetti

Tras naufragar la audiencia de conciliación en la Corte en la puja con Nación por $ 1.040 millones previsionales, el gobernador José Manuel de la Sota confirmó ayer que volverá a desembarcar en el máximo tribunal, ahora para exigir el cese del recorte del 15% en la coparticipación para financiar al sistema previsional nacional.

«Estamos analizando la presentación que se va a hacer; hay una ley de Córdoba que nos desliga del Pacto Fiscal», afirmó ayer el mandatario mediterráneo.

Según trascendió, la demanda -un nuevo capítulo en la escalada de tensión política con Cristina de Kirchner- sería elevada entre esta semana y la siguiente.

En las últimas semanas De la Sota dio varios pasos en pos de tonificar la coparticipación: primero logró que la Legislatura le apruebe la desadhesión provincial al Pacto Fiscal de 1992, que habilitó ese tijeretazo que alcanza a todo el interior.

Luego, notificó a Nación y a los gobernadores sobre la medida, y posteriormente intimó a la Casa Rosada a frenar el recorte. Ahora, resta la vía judicial.

La estocada cordobesa -por cierto, aislada en materia de apoyos masivos de otros gobernadores- replica la presentación de 2009 de Santa Fe, de la mano del por entonces mandatario socialista Hermes Binner. Esa alquimia sin embargo, no incluyó la denuncia del entendimiento fiscal.

Días atrás, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, aseguró que es inminente el fallo en esa causa. El desenlace es seguido con expectativa por el Gobierno nacional y en las provincias, aunque en despachos oficiales del interior es generalizada la sensación de que el Alto Tribunal no habilitará una resolución que pueda llegar a desfinanciar los bolsillos federales.

La estrategia de De la Sota se da en medio de la andanada de cuestionamientos que recibió de funcionarios nacionales, centrada en la no pertinencia del reclamo de fondos, la mala gestión que -dicen- lo forzó a entrar en la vía judicial, y la distorsión que generan, en este escenario, las aspiraciones presidenciales 2015 del peronista crítico.

Respaldo

Este último punto es compartido por figuras de la oposición en la provincia, que incluso habían respaldado un reclamo nacional de fondos. En esa línea, por caso, para el senador nacional Luis Juez (Frente Cívico) la incursión de De la Sota en la Corte apuntó a «instalarse como opositor».

Mientras el gobernador empuña diversas espadas en Buenos Aires, se recalienta el clima en tierra cordobesa, donde recrudece el malestar de los gremios por la reforma previsional sancionada a instancias del mandatario, que posterga por 180 días el traslado a jubilados de las subas otorgadas a los activos.

Por caso, los docentes retomarán hoy las protestas con asambleas de dos horas por turno en todas las escuelas de la provincia. En paralelo, el frente de gremios hará de manera conjunta el martes una caravana por la capital y no se descarta la concreción, además, de varios paros.

En un intento de descomprimir el delicado escenario -que ya incluyó serios incidentes días atrás-, ayer funcionarios cordobeses y dirigentes gremiales se reunieron para analizar propuestas para reducir el elevado déficit de la Caja de Jubilaciones, como alternativas al ajuste.

El 30 de agosto, los sindicatos estatales y el Gobierno cordobés acordaron la suspensión de las protestas hasta el 10 de septiembre -día en que se concretó la fallida audiencia en la Corte- bajo la promesa oficial de hacer caer la reforma previsional ante un potencial acuerdo con Balcarce 50.

Pero la pretensión de De la Sota de cobrar $ 1.040 millones supuestamente adeudados a la Caja de Jubilaciones local por 2011 (que incluso podría derivar en una presentación judicial adicional para apurar los plazos de resolución de la medida cautelar, bajo el argumento de asegurar la paz social) se topó con la firmeza del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y del director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio.

Los funcionarios ratificaron que Nación no mantiene deuda alguna con Córdoba porque la provincia no cumplió con los criterios de armonización previsional a los que se comprometió, de manera voluntaria y para acceder a esos recursos, en casi una decena de convenios firmados en los últimos años.

Por caso, sobre los jubilados que están bajo la órbita provincial -sólo el 16%- el distrito mantiene el pago del 82% móvil, mientras que tampoco hubo una nivelación con los parámetros nacionales en materia de edad para jubilarse y del cálculo inicial de haberes, entre otros ejes.

«Yo quiero hablar con la señora Presidenta; no voy a hablar con los empleados de la señora Presidenta», protestó ayer, contrariado y con tono agresivo, De la Sota.