Demoran reglamentar el decreto petrolero

A un mes de la publicación en el Boletín Oficial, el Decreto 1.277 -de soberanía hidrocarburífera- todavía no fue reglamentado y tampoco se conoció el plan nacional de inversiones, al que debería atenerse cada empresa para presentar antes del 30 de septiembre su proyecto anual de trabajo y desembolsos.

La falta de esos elementos crea dudas sobre el alcance del plan para los próximos 5 años que presentará pasado mañana el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Se puede definir cuántos pozos perforar para aumentar la producción en cierto porcentaje o cuáles son los yacimientos maduros y las áreas no convencionales en las que se pondrá el acento. También se pueden presentar los distintos modelos de contratos que se conocen en el mercado internacional para asociaciones de una empresa estatal y otra privada.

Pero para que el plan se ponga en marcha, al Gobierno le falta definir las condiciones del negocio que sólo se enuncian en el Decreto 1.277, empezando por los precios de referencia para el petróleo y el gas. La norma afirma que se reconocerán los costos más una ganancia razonable, pero los costos difieren en los yacimientos convencionales según el nivel de madurez y en los no convencionales por la incorporación de nuevas tecnologías. La posibilidad sería fijar precios o un porcentaje de ganancia, pero eso todavía no se conoce.

Entre las empresas petroleras se admite que el problema no es la imposición de regulaciones sino la falta de seguridad de que las normas que se decidan van a permanecer al cabo de los cinco o seis años que demora en madurar una inversión. Se dice que éste es un «momento de mutación», luego de la publicación del decreto. No se sabe cuál es la ganancia razonable, cuánto de ésta se deberá reinvertir, o cuánto se podrá girar al exterior en el caso de empresas internacionales.

A tal punto llega el cambio que técnicamente ya no hay concesiones porque éstas se definen por la libre disponibilidad del producto, y ésta fue eliminada por el Decreto 1.277. Ahora todas las empresas pasarán a tener contratos, pero falta definir de qué tipo en el caso de las concesiones existentes y las nuevas posibilidades que se abren para las áreas no convencionales. Mientras tanto, también está pendiente la extensión del plazo de las actuales concesiones para las empresas y provincias que no lo hicieron antes, como Santa Cruz, y para las reservas no convencionales (Vaca Muerta en Neuquén) para las que se están planteando períodos de varias décadas por la inversión que está en juego.

En estos días está venciendo el plazo que la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno dio a las petroleras para responder a una larga y detallada requisitoria que podría servir de base a la comisión que preside Axel Kicillof para el plan nacional de inversión. Es un punto que tampoco está claro.