Detonó Sueños Compartidos

  El caso López despertó del profundo letargo una causa por presunto desvío de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por la construcción de viviendas populares. El súbito revival que tuvo el expediente provocará un cisma político, por la entidad de la mayoría de las 43 citaciones a declaración indagatoria que ordenó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, acusados de estar presuntamente vinculados con el desfalco de fondos públicos. El nombre de José López como secretario de Obras Públicas de los tres gobiernos kirchneristas disparó los llamados que habían sido anulados en su momento, y sumó el de una gran cantidad de exfuncionarios e intendentes de entonces, receptores de las obras que encabezó la Fundación. No hay distinción política porque el caso impacta en K, ex-K, socialistas y hasta el presidente del PRO, partido de Gobierno de Mauricio Macri.

A la cabeza de la nómina se encuentran el exministro de Planificación y actual diputado, Julio De Vido (superior jerárquico de López a quien su bloque logra por el momento hacerlo zafar de un allanamiento en su domicilio), a la titular de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. Pero también al exjefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, el diputado y exministro de Trabajo, Carlos Tomada, al exgobernador y hoy senador Gerardo Zamora. Pero en la otra vereda serán también indagados de julio hasta septiembre el gobernador de la provincia de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz y el (ex) aliado K y exgobernador misionero, Maurice Closs, hoy diputado.

Según la resolución de Martínez de Giorgi, "las notas apuntadas permiten reconstruir una hipótesis delictiva, según la cual Sergio y Pablo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia con funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal para la construcción de viviendas sociales". Existiría un faltante de $ 200 millones. La causa había sido originalmente instruida por Norberto Oyarbide quien había dictado procesamientos, cuyas indagatorias previas fueron finalmente anuladas. La causa volvió a foja cero, y se unificó con la del actual juez que investigaba el tramo que correspondía a los funcionarios públicos. El magistrado, 24 horas después de la inédita detención de López desparramó las cédulas de notificación que impactan en el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, el primero en declarar el 4 de julio. La resolución contiene una curiosidad. También impacta en el oficialismo. Fue citado el 2 de septiembre Humberto Schiavoni, por su rol en la Corporación Sur de la Ciudad, primer desembarco de Schoklender en la obra pública porteña. Es el presidente del Consejo Nacional del PRO, el partido del Gobierno de Cambiemos del que Macri es referente. El massista Darío Giustozzi y el alcalde de Tigre, Julio Zamora aparecen también involucrados.