La consulta debe dar paso a "un proceso constituyente específico para la reforma política", explicó Rousseff en una reunión con 27 gobernadores y 26 alcaldes en el palacio presidencial de Planalto, convocada para responder a las demandas de las protestas y en medio de una crisis que pone en jaque sus posibilidades para una reelección en 2014.
La mandataria se basó en cinco puntos: uno referido a la necesidad de mantener la "responsabilidad fiscal para garantizar la estabilidad económica y el control de la inflación", a lo que atribuyó una "dimensión especialmente importante en el momento actual, en que la prolongada crisis castiga a las naciones".
Al segundo punto lo centró en la "construcción de una amplia reforma política que amplíe los horizontes de la ciudadanía", una idea que, admitió, en las últimas décadas "entró y salió más de una vez de la agenda política nacional". Para superar esa parálisis, propuso un plebiscito "que autorice un proceso constituyente específico para la reforma política".
En ese marco, aseguró que debe ser dada una prioridad especial al combate a la corrupción y recomendó establecer penas más severas para los delitos cometidos por la malversación de dinero público. "Queremos dar prioridad al combate de la corrupción de forma más contundente. En ese sentido precisamos una nueva legislación que clasifique a la corrupción dolosa como un crimen aberrante".
El tercer "pacto" se refiere a la salud, un área en la que pidió "acelerar las inversiones" previstas y reafirmó su intención de contratar médicos extranjeros para que trabajen en las regiones más necesitadas.
Respecto del transporte público, que fue el detonante de las protestas debido a un alza en el valor del boleto en San Pablo, también reconoció que a pesar de las inversiones aún carece de la calidad exigida.
Por eso, en el cuarto punto del "gran pacto nacional" propuso "avanzar más rápido" en la construcción de subterráneos, trenes y otros medios de transporte público con una inversión de u$s 25.000 millones e invitó a alcaldes y gobernadores a estudiar nuevas desgravaciones de impuestos, similares a las que ya ha establecido el Gobierno federal en esa área. También anunció su disposición a eliminar los tributos al diésel y la electricidad utilizados por colectivos, trenes y metros.
El quinto punto del "pacto" lo centró en la educación, un área en la que reiteró que su Gobierno pretende mejorar los presupuestos mediante una propuesta que tramita en el Parlamento. El proyecto plantea que el 100% de las regalías que generen las riquezas petroleras atesoradas en aguas profundas del Atlántico se destinen a la educación. En ese sentido, dijo confiar en que "los congresistas aprobarán eso con urgencia".
El encuentro, fue realizado luego del encuentro con los líderes del Movimiento Passe Livre (MPL), que dieron inicio a las protestas. "El pueblo están en las calles diciendo que quiere cambios. Toca a todos cumplir con la voluntad popular", enfatizó Dilma. Pero a pesar de sus intenciones, los miembros de la agrupación afirmaron que las marchas continuarán.
| Agencias EFE, AFP, Reuters, ANSA y DPA, y Ámbito Financiero |
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