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Diputados aumenta medidas de seguridad en bancos
Mercedes Marcó del Pont, Alfonso Prat Gay, Gerardo Milman
El proyecto obliga a instalar también bloqueadores de celulares en las entidades bancarias para impedir también el accionar de los «marcadores», con la aclaración de que deberá constatarse técnicamente que esa medida no afecte a otros particulares, como edificios linderos.
El dictamen unificó los proyectos que estaban presentados, en la comisión que preside Alfonso Prat Gay, por los radicales Jorge Álvarez y Hugo Castañón y Milman.
El proyecto fija un plazo de 60 días para que la autoridad de aplicación de la ley, el Banco Central, emita circulares con las nuevas regulaciones a las sucursales, las que a su vez tendrán seis meses para instalar los nuevos dispositivos. En caso que no lo hicieran el BCRA podrá aplicar sanciones.
Se establece, además, que los bancos deberán contar con la custodia de un efectivo de la Policía Federal en las puertas de la sucursal.
La reunión no tuvo demasiadas disidencias, más allá de alguna protesta de los diputados por las ausencias de Benigno Vélez, gerente general del Banco Central, y de Omar Arce, gerente de Seguridad en Entidades Financieras del Banco Central. También faltó al encuentro el comisario Jorge Oriolo, subjefe de la Policía Federal, invitado para dar su dictamen sobre el tema (ver aparte).
Desinterés
El propio Prat Gay relató que Mercedes Marcó del Pont le informó que Vélez y Arce no podrían asistir porque «no contaban con la información necesaria», con la aclaración de que ambos funcionarios «estaban abocados al tema en cuestión».
«Lamentamos que Marcó del Pont y sus gerentes no hayan tenido interés en los temas relacionados con la seguridad de todos los usuarios de los bancos», le agregó Milman.
Pero más allá de las reformas técnicas, la semana próxima la comisión avanzará sobre la reponsabilidad de los bancos. Así, se aprobó el tratamiento de otro proyecto de Milman relacionado con el delito de salideras: el diputado solicitó se convoque a «abogados especializados en derecho constitucional para explicar la necesidad de incluir a los bancos en esta figura, ya que en ellos comienza a urdirse el delito».
El artículo 1 de ese proyecto establece: «Las entidades financieras serán civilmente responsables por los daños y perjuicios sufridos por quienes retiren bienes de sus establecimientos y sean objeto de actos de violencia a fin de apoderarse de esos bienes». Y declara que esa responsabilidad sobre los clientes se mantiene dentro de las tres ho-ras del retiro de bienes de la entidad, una medida que los bancos rechazan de plano.

