Duro fallo complica negocio de publicidad callejera en Capital

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 Una nueva complicación enfrenta el Gobierno de Mauricio Macri en el trámite por adjudicar el llamado mobiliario urbano que, básicamente, comprende las pantallas para la publicidad en la vía pública, una de las concesiones más suculentas de la Ciudad de Buenos Aires. El intento por conceder esos espacios, que las adjudicatarias deberán renovar con un estilo nuevo para el paisaje urbano, ya lo hicieron Aníbal Ibarra -con un trámite que quiso iniciarse en la gestión de Fernando de la Rúa-, Jorge Telerman y ahora Macri. La Justicia acaba de revocar el sobreseimiento de uno de los oferentes, acusado de supuestamente falsear datos para obtener la adjudicación, y a la vez, el ibarrismo denuncia que esa empresa ha sido contratada en forma directa por el Ministerio de Espacio Público que conduce Juan Pablo Piccardo. Se trata de la firma que integran los hermanos Eduardo y Orlando Terranova; la Cámara pide que sean citados a indagatoria.
A fines del año pasado, tras un largo proceso, el Gobierno porteño recibió las ofertas económicas para la licitación de mobiliario urbano, resultando las mejores las de Grupo al Sur (Albistur), Publicidad Sarmiento (Terranova) y PC Publicidad. Sin embargo, el canon que sugerían pagar las firmas era menor que el que actualmente cobra el Gobierno de la Ciudad; por eso, en el ministerio de Piccardo habrían llamado a los tres concursantes a mejorar esa oferta, lo que consistiría en una irregularidad. Pero fue la firma Spinazzola -actual concesionaria- la cual quedó fuera de la licitación y emprendió una denuncia contra los Terranova acusándolos de falsear datos. En dos oportunidades, la denuncia fue desestimada hasta que ayer, finalmente, se conoció que la Sala VI de la Cámara del Crimen revocó ese sobreseimiento «por entender que la falsedad verificada en ambos documentos fue determinante en la evaluación de los antecedentes de la sociedad en relación con los servicios prestados en otras ciudades» y que «ello, en definitiva, incidiría por su calidad en la contratación». Es decir que Publicidad Sarmiento habría documentado que prestó servicios en otros distritos -Mendoza y Tucumán- que le sirvieron para un mejor puntaje, pero presuntamente en esos municipios habían existido reclamos por incumplimiento, de acuerdo con lo que se desprende de la resolución de la Cámara. «Los certificados cuestionados aseveraban que la firma aludida había cumplido con la totalidad de sus obligaciones en los tiempos estipulados, lo cual se ve desvirtuado por las constancias del legajo administrativo», sostuvieron los magistrados.
Los jueces de la Sala VI, Marcelo Lucini y Mario Filozof, dijeron, al resolver en el recurso que presentó Mariano Bergés en representación de los demandantes que «debe considerarse conveniente convocarse a Orlando Roberto, Eduardo Raúl Terranova, Salvador Antonio Vidad (de Mendoza) y a Isabel Salas de Páez (de Tucumán) en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal», es decir, llamarlos a indagatoria. Es la segunda vez que se produce en la causa el sobreseimiento, y ahora la revocatoria de la medida que también involucra a los funcionarios del área de Piccardo, Horacio Tonelli y Tomás Palastanga, que participaron en la selección de las ofertas, y al propio ministro.
Amparo
El Gobierno porteño avanzaría, sin embargo, con la adjudicación ya que no existe aún sentencia, pero, en ese caso, desde el ibarrismo, el legislador porteño Eduardo Epsztein anticipó que presentará un recurso de amparo.
El legislador del bloque Diálogo por Buenos Aires que integra el ex jefe de Gobierno porteño Ibarra sostuvo ayer que Publicidad Sarmiento es «una de las empresas preferidas del macrismo» y que «fue contratada de manera directa para realizar el mantenimiento en medio de un proceso oscuro y por un monto que se estima en cuatro millones de pesos».
Para Epsztein, «todas estas irregularidades en el control de la publicidad en la vía pública, justamente en un año electoral, no pueden pasar inadvertidas». El bloque se dispone ahora a pedir la interpelación a Piccardo en referencia al proceso de adjudicación del mobiliario urbano.
En diciembre del año pasado, el Ministerio de Piccardo resolvió sobre la apertura del sobre 2 de la licitación cuyo objeto es la «concesión de la fabricación y/o provisión, instalación mantenimiento, conservación y retiro del mobiliario urbano» que se realizó para la explotación por un período de diez años.
El Gobierno porteño, de ocho propuestas, preseleccionó cuatro. Grupo al Sur ofreció el 15% de la facturación por publicidad que obtuviera con un piso de $ 1.800.000 anual; Publicidad Sarmiento cotizó el 8,26% de la facturación y una base de $ 102.826, y PC Publicidad ofreció el 15% de la facturación con
$ 2.160.000 anuales de base. La cuarta firma resultó ser Viacart SA con la oferta del 1,20% de la facturación y $ 158.400 de canon anual como piso. Esas ofertas resultan inferiores a los cánones que actualizó Mauricio Macri como una de las primeras medidas de su Gobierno, no bien asumió el cargo, cuando pactó un pago de $ 8 millones, aproximadamente, por año para el conjunto de las firmas. La empresa de los Terranova actualmente participa en el negocio de la publicidad en vía pública, lo mismo que Spinazolla, que inició la demanda contra su competidor.

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