EE.UU. “cree” que deportó a 463 indocumentados, pero no sabe qué hizo con sus hijos

La política de la administración republicana de judicializar y arrestar a esos inmigrantes derivó en la separación de centenares de familias. La Justicia pide explicaciones.

Washington - Un total de 463 padres indocumentados, a los que la administración de Donald Trump había separado de sus hijos en la frontera con México, podrían haber sido deportados sin haber sido reunidos con los menores.

Así se desprende de un documento entregado por el Gobierno de Donald Trump al juez de California que había ordenado las reunificaciones de las familias separadas.

La administración informó ayer al magistrado cómo marchan los esfuerzos para reunir a unos 2.500 niños mayores de cinco años con sus progenitores antes de mañana, que es el día que el juez Dana Sabraw, de San Diego, había puesto como fecha límite.

En un escrito presentado el lunes, el Gobierno aseguró que unos 1.187 niños mayores de cinco años ya fueron reunidos con sus padres. Sin embargo, el documento indica que 463 progenitores ya no están en el país, por lo que pueden haber sido deportados a pesar de que sus hijos permanecen en Estados Unidos.

Esto, que según el informe oficial sigue "bajo revisión", podría impedir los esfuerzos para reunir a las familias separadas antes de la caducidad del plazo.

Los defensores de los inmigrantes expresaron su alarma sobre los padres deportados sin sus hijos.

"¿Cómo podemos avanzar en un caso si no conocemos los deseos de los padres?", dijo Megan McKenna, portavoz de "Kids in Need of Defense" (Niños Necesitados de Defensa).

Incluyendo esos casos, el Gobierno dijo que hay 917 padres que no cumplen los requisitos para recibir a sus hijos o que todavía no se sabe que si pueden ser reunidos con ellos. Esa cifra incluye a los padres que ya no se encuentran en el país, así como a los que fueron considerados no aptos debido a condenas penales o por otros motivos.

La semana pasada, el juez Sabraw había ordenado la suspensión temporal de deportaciones de las familias inmigrantes reunidas.

El magistrado criticó a la Casa Blanca por lo que consideró medidas de seguridad innecesarias.

La mayoría de aquellas familias procede de Honduras, El Salvador y Guatemala, y llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en el llamado "triángulo norte" centroamericano.

La separación se originó cuando el fiscal general, Jeff Sessions, dio en abril orden de perseguir penalmente a todo inmigrante indocumentado arrestado tras cruzar la frontera.

La persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario, donde los niños no pueden estar más de veinte días, y estos fueron entonces separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.

Bautizada como "tolerancia cero", la administración de Trump ha utilizado esta política para desincentivar la llegada de inmigración ilegal.

Las separaciones generaron una ola de indignación con el Gobierno de Trump, al que se sumaron incluso la ONU y el papa Francisco, y el presidente de Estados Unidos acabó firmando el 20 de junio una orden ejecutiva en la que dispuso ponerles fin.

No pretendía, no obstante, acabar con la persecución penal de los indocumentados, sino que para mantener juntas a las familias quería el permiso de los tribunales para que los niños pudieran estar en la prisión junto a sus progenitores. Pero una jueza federal de Los Ángeles le negó ese permiso.

El juez Sabraw, entretanto, ordenó las reunificaciones, en respuesta a una demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles del país.

El proceso de reunificación familiar se vio afectado por una serie de desórdenes de las agencias del Gobierno, por dificultades para rastrear a los adultos y a los niños y por la falta de comunicación con los abogados de los inmigrantes.

Agencias DPA y Reuters