El economista del mes: "Sólo con crecimiento, no bajará la pobreza"

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En la tradicional entrega del Economista del Mes, en esta oportunidad el análisis estuvo a cargo de Jorge Colina, quien considera que el Gobierno debería dejar de lanzar planes y coparticipar más los recursos fiscales entre las provincias y los municipios. El director de Idesa explica que la idea que con el crecimiento económico se erradica la pobreza es errónea; se necesita una verdadera política laboral a favor del empleo.

1 ¿Cuál es el panorama del mercado laboral luego de la desaceleración que registró el nivel de actividad en 2009?

El fenómeno más visible ha sido el aumento de la tasa de desempleo, que pasó del 7,9% en 2008 al 8,7% en 2009, tomando en ambos casos el promedio de los cuatro trimestres de cada año. Sin embargo, mirar sólo la tasa de desempleo induce a pasar por alto una enorme cantidad de movimientos muy importantes que se dan en el interior del mercado laboral.

Un primer dato importante es que, a pesar de que aumentó el desempleo, el nivel de empleo total también creció en 2009. Lo que pasó es que la población económicamente activa ha crecido más de lo que creció el empleo y por ello aumentó la ocupación como la desocupación. En otras palabras, salieron a buscar trabajo más personas que las que el mercado laboral podía absorber.

Otro dato importante es que el empleo asalariado registrado en el sector privado -que es el tipo de inserción laboral que más se asocia a la calidad en términos de carrera, protección social, nivel de remuneraciones y productividad- venía creciendo sostenidamente entre 2002 y 2008, pero en 2009 tuvo una abrupta desaceleración. Para tener una idea, en 2002 había 3,5 millones de empleos asalariados privados registrados que se convierten en 5,8 millones en 2008. O sea, el crecimiento del empleo formal venía a un ritmo de 380.000 nuevos puestos por año en promedio. Pero el año pasado se destruyeron 100.000 puestos, pasando a ser 5,7 millones. Como contracara, los tipos de empleo que crecieron son el empleo público y las modalidades informales, fundamentalmente el cuentapropismo. En síntesis, a diferencia de los países desarrollados, la problemática laboral en la Argentina asociada a la caída de los niveles de actividad no se manifestó en la pérdida masiva de empleos, sino en el deterioro de la calidad y productividad del empleo.



2 ¿Este año con la recuperación de la actividad económica se va a revertir esta tendencia?

Es posible que el empleo asalariado registrado del sector privado vuelva a crecer, pero no al ritmo que lo venía haciendo hasta 2008. La clave del vigoroso crecimiento del empleo registrado en la bonanza fue la profunda «licuación» del salario real que produjo la devaluación de 2002. Para tener una idea, el salario promedio en el sector privado para el empleo registrado en 2009 es de $ 3.266. En términos reales, es decir corregido por inflación, este nivel de salario es similar al que había en 2001. Sin embargo, con la devaluación, en 2002 este salario real había caído a $ 1.913 medido en precios de 2009. Es decir, la devaluación de 2002 produjo una caída del salario real del orden del 42%. Semejante reducción de los costos laborales fue fundamental para generar el crecimiento del empleo formal. El punto es que estas condiciones de salarios reales tan bajos ya no existen más. La recuperación del salario real, que es una buena noticia desde el punto de vista social, impone un enorme desafío para las políticas públicas: o se gana competitividad generando condiciones para aumentos sostenidos de productividad o se busca generar empleos licuando salarios. Esto desnuda el gran déficit institucional de la Argentina.



3 ¿Cuál sería la receta a aplicar?

Es trascendental erradicar la idea de que los problemas de empleo se solucionan automáticamente con el crecimiento económico. Creo que ésta es una percepción tan difundida como equivocada en las discusiones sobre macroeconomía. Se habla de política fiscal, monetaria, cambiaria, financiera, etc., para el crecimiento, dando por hecho que con esto alcanza, que la resolución de los problemas del mercado laboral es un derivado de la macroeconomía. Para que el crecimiento económico se traduzca en más y mejores empleos se necesita una política laboral que favorezca la contratación de mano de obra. De mantener las actuales instituciones laborales, las empresas más modernas y de mayor productividad tienden a minimizar las dotaciones de recursos humanos haciéndose altamente selectivas, quedando un ejército de excluidos -las personas de menor calificación o poco entrenadas para el trabajo- que finalmente sólo encuentran como única alternativa el empleo en pequeños emprendimientos de baja productividad, que sólo pueden ofrecer contrataciones en «negro».

En este proceso se conforma una estructura de mercado laboral segmentado, típico de economías atrasadas donde la Argentina no es la excepción. En la Argentina sólo el 58% de la fuerza laboral tiene un tipo de inserción formal (patrón, cuentapropista profesional o asalariado registrado), mientras que el 42% restante tienen una inserción informal de baja productividad (asalariado no registrado, cuentapropista no profesional, servicio doméstico, plan de empleo o trabajador sin salario) o directamente está desempleado. En el primer caso, tienen remuneraciones que oscilan alrededor de los $ 3.000 y en el segundo, alrededor de los $ 1.200. Esta estructura cambió poco luego del boom económico y de empleo sin precedentes de 2002-2008, demostrando que el crecimiento económico es condición necesaria, pero no suficiente para mejorar la dinámica laboral.

Lo que hay que hacer es acompañar el proceso de crecimiento con reformas laborales e impositivas estructurales que faciliten e induzcan la formalización y la contratación de mano de obra formal. En este sentido, hace falta revisar la legislación laboral general para preservar aquello que sea protectivo para el trabajador y eliminar las cuestiones formales (que abundan), que sólo sirven para generar conflictos y litigiosidad. En este sentido, particularmente relevante es atacar la contradicción normativa que enfrentan los microemprendimientos. Resulta paradójico que desde el punto de vista fiscal se reconozca la pertinencia de un régimen especial -que es el Monotributo-, pero desde el punto laboral se les obligue a cumplir con la legislación general, que es incumplible para un pequeño establecimiento. Por esto, hace falta un estatuto laboral especial para microempresas que acompañe al Monotributo como marco especial.

Con respecto a las contribuciones patronales, habría que reemplazarlas progresivamente por el Impuesto a las Ganancias (como ocurre, por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda, y en cuya tendencia también se encuentra Uruguay). Esto permitiría avanzar hacia una estructura impositiva mucho más progresiva para la distribución del ingreso, promotora de la contratación formal y que no desfinancia la seguridad social.



4 ¿Cómo hacer para reducir la pobreza de verdad, sin distorsiones en las estadísticas oficiales?

La pobreza es un fenómeno complejo que responde a varios factores y que no se resuelve con un solo instrumento (como podría ser la asignación por hijo), sino que se requiere una estrategia integral con un conjunto consistente de instrumentos. En la mayoría de los casos, la pobreza se presenta como un problema de insuficiente capacidad de generación de ingresos, por bajos niveles de formación para el trabajo, inconvenientes para encontrar y preservar un trabajo de razonable calidad y por los tamaños de los hogares. Por eso, dar $ 180 por hijo no soluciona el problema de la mayoría de los hogares pobres, porque un tercio no tiene hijos (por lo tanto, no le llega la ayuda), otro tercio aproximadamente tiene entre 1 y 2 hijos, pero sus brechas de pobreza (o sea, el ingreso que necesitan para dejar de ser pobres) superan los $ 500, con lo cual la asignación por hijo no le alcanza, y para el resto, si bien recibe más plata al tener más cantidad de hijos, tiene a su vez brechas de pobreza superiores. Esto se agrava si además se tiene en cuenta que un tercio de los hogares pobres son monoparentales, con lo cual se les hace muy difícil a las madres salir a trabajar.

Se necesita mucha más calidad en las políticas públicas. Un componente clave es un sistema de educación pública de alta calidad que incorpore a los niños desde los 2 años en doble jornada. Esto tiene que ser acompañado por un mercado laboral que tenga regulaciones favorables para la contratación de personas con bajos niveles educativos, que el sistema impositivo sea sensible a la realidad de los hogares monoparentales y que el sistema de asistencia social no se limite a repartir subsidios, sino también a ayudar a los hogares pobres a modificar las pautas que favorecen sus exclusión. Para que esto sea realidad, lo mejor que puede hacer el Gobierno nacional es no ponerse a gestionar programas sino coparticipar más los recursos fiscales entre las provincias y promover las condiciones para que las provincias y los municipios mejoren la gestión de la política social.

Por eso el desafío es mayúsculo, porque implica modernizar el sector público en sus tres niveles de Gobierno, cosa que -por ahora- parece muy lejana.

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