El Gobierno enfrenta su peor semana en el Congreso

Graciela Camaño avanza ya con proyectos en Diputados para regular el uso de reservas para el pago de deuda. Crece la presión por ampliar reparto del impuesto al cheque. Fernando Pino Solanas complica de nuevo al Gobierno.

Se abre hoy la semana más dura del Gobierno en el Congreso. Mañana, tanto Diputados como el Senado tendrán su reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria para organizar las dos batallas que se verán en los recintos el miércoles. Ya no hay secretos: si Carlos Menem finalmente llega a Buenos Aires, como anunció el fin de semana, los radicales y peronistas disidentes tendrán el número para imponer el reparto de comisiones en el Senado y, ese mismo día, sancionar la derogación del decreto que creó el Fondo del Bicentenario.

A pesar de los esfuerzos de Miguel Pichetto por birlarle algún senador a la oposición en el recinto, el acuerdo que cerraron cediendo comisiones a cada grupo está demasiado equilibrado para los provinciales para que alguno de ellos saque los pies del plato.

Esa votación, de todas formas, tendrá sus matices. El miércoles la oposición intentará comenzar con la votación sobre comisiones, si tiene entonces garantizados los 37 votos. Y luego seguirá el debate por el DNU de las reservas. Pichetto y el Gobierno intentarán postergar esa discusión, más si Cristina de Kirchner abre hoy el juego de la negociación por una ley que ratifique el uso de esos fondos.

Pero aunque eso no sucediera, el pampeano Carlos Verna planteará, tras la derogación del DNU, el tratamiento de un proyecto de ley propio sobre el uso de reservas para el pago de deuda que incluye controles del Congreso y compensaciones que el Gobierno no acepta. El problema será que tanto el radicalismo como otros peronistas disidentes, como los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, exigirán que el tema sea minuciosamente debatido en comisiones.

Una movida similar comenzó en Diputados, donde el peronismo disidente también planteó la oferta de una ley que ya está escrita en el despacho de Graciela Camaño.

Ayer, Miguel Pichetto insistió en que su bloque no dará quórum el miércoles «si no hay un acuerdo racional» por el reparto de las comisiones. «No vamos bajar si no hay un acuerdo racional y no tienen los 37 votos. Si tienen los 37 votos que dijeron, vamos a bajar y vamos a aceptar el resultado de esa sesión, pero no los tienen», dijo. Sin disimular, anunció que apelará nuevamente a Menem para bajarle un voto a la oposición, en un intento de convencerlo apelando a su pasado de estadista. Casi una broma viniendo del kirchnerismo.

No es casual que sea el PJ rebelde el que plantee en ambas cámaras una salida a la crisis del decreto, mientras que el resto de la oposición se niega. Ayer, el radical Oscar Aguad desmintió que estuviera en negociaciones con Agustín Rossi para alumbrar por el ley el uso de las reservas para cancelar deuda para reemplazar el DNU que el Congreso le rechaza al Gobierno.

Negando una vez más el pacto entre la UCR y el Gobierno que se meneó durante todo el verano, Aguad confirmó: «No existe ninguna posibilidad de que nosotros vayamos a aprobar un intento del Gobierno para pagar la deuda».

Se complica más el oficialismo en Diputados, que este miércoles debería también debatir el Fondo del Bicentenario, más aún cuando Fernando Pino Solanas y los 11 diputados de centro izquierda ya comenzaron a cambiar de opinión aceptando bajar a debatir la vigencia del DNU del Bicentenario. Imposible en esas condiciones que Rossi consiga armar una mayoría estricta para frenar la derogación del decreto en Diputados.

Al mismo tiempo, otro proyecto avanza con la venia de gobernadores. El pampeano Verna también comenzó a cristalizar en un proyecto el reclamo de disidentes y opositores para modificar la distribución del impuesto al cheque. Acostumbrados a saber que en una negociación nunca puede haber un solo juguete para repartir, introducen ahora la idea de una ley para ampliar el reparto al 50% de la recaudación de ese tributo. Hay provincias hasta ahora aliadas, como Salta, que ya tienen listo un estudio sobre cómo distribuir, de acuerdo con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, $ 5.000 millones de ese impuesto para corregir distorsiones entre gobernaciones ricas y pobres.