Establece la actualización del haber inicial para los jubilados con servicios en relación de dependencia que resultará de la aplicación del 82% sobre el promedio de los sueldos percibidos durante los tres mejores años, de entre los últimos diez de prestación de servicios.
Lo mismo se aplica para trabajadores autónomos y monotributistas.
Aplica, además, la reactualización de los haberes de acuerdo con los parámetros que fijaron las sentencias de la Cámara previsional y los fallos de la Corte Suprema en los casos Badaro y Chocobar.
El dictamen de mayoría no incorporó la fuente de financiamiento para esas subas.
Claudio Lozano y Fernando Pino Solanas insistieron en incluir una suba en los aportes patronales sólo para las grandes empresas a los niveles previos a 1993, cuando el Gobierno de Carlos Menem dispuso la reducción.
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