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El tiempo le ganó a la ansiedad: ahora negociarán la ampliación
El radicalismo ha insistido siempre en la ampliación a siete como manera no sólo de habilitar sillas especializadas en las distintas ramas del derecho sino porque facilita la negociación de su integración. Con sólo tres miembros, salvo que haya unanimidad el tribunal queda sujeto a que muchos temas se deban resolver con el concurso de conjueces, un expediente que vale como emergencia pero que no es recomendable como sistema permanente.
Entre los sectores que disputan el poder en las elecciones no aparece ninguno dispuesto a que la Corte siga con cinco miembros. En el sciolismo estas cuestiones están delegadas formalmente en el ministro Ricardo Casal, que ha echado fama de ser un negociador eficiente ante los tribunales, especialmente ante la Corte bonaerense, y ha tenido buenas relaciones con la nacional en lo que le ha tocado. En esos cuarteles pesa mucho también Carlos Corach, interlocutor del candidato Daniel Scioli en cuestiones políticas y también judiciales. El exministro del Interior de Menem es un cruzado de la ampliación de la Corte a nueve miembros.
En el macrismo aún no aparece ningún referente para temas cortesanos, que seguramente se confiarán, en un eventual Gobierno de Mauricio Macri, al ministro Guillermo Montenegro, pero esa tribu reporta en éste y otros temas también a las carpas del radicalismo, también partidarias de la ampliación por lo menos a siete.
El caso Fayt es uno de los pocos que en política pueden explicarse por el factor humano (la virtú, en el léxico de Maquiavelo), un componente que la visión romántica de la historia suele ponderar exageradamente frente otros que gravitan más, como la necesidad y la fortuna, para no salir del teorema clásico del autor de "El príncipe". Aunque Fayt omitió en el acuerdo de ayer referencia alguna a su edad y a los contradictores que han querido sacarlo por la ventana de la Corte Suprema desde hace mucho, el justice se va dándose un gusto en vida, salir de Tribunales un día después de que lo haga Cristina de Kirchner de la Rosada.
La silla que deja es codiciadísima y el magistrado se convirtió, a lo largo de los años, en un estilista del manejo de la edad y logró enterrar a todos quienes jugaron a que debía irse por imperio de la biología. Ayer recordó ante sus colegas de la Corte que fijaba la fecha del 11 de diciembre para que operase su salida no después de la ida de Cristina, sino el mismo día cuando, hace 32 años, Raúl Alfonsín lo designó en el cargo junto con los primeros magistrados de la nueva era democrática.
La suerte de este librepensador en la Argentina que tiñe todo de peronismo o radicalismo fue azarosa u y siempre caminó por el borde de las cronologías. Cuando asumió en la Corte en 1983 tenía ya 65 años, edad de la jubilación mandatoria en muchas actividades. Resistió el aumento "por anegamiento" -así lo calificó Jorge Bacqué cuando renunció al tribunal en 1990- que dispuso el Congreso a pedido de Carlos Menem.
Fayt convivió con posiciones ligadas al republicanismo liberal con los jueces que sumó el peronismo desde esa fecha y tambaleó con la reforma de 1994, que dictaminó el límite de los 75 años para su cargo. Los había cumplido en febrero de 1993, antes de que se acordase, a finales ese mismo año, el pacto de Olivos que inspiró esa reforma. Cuando se reglamentó la cláusula se amparó en que la norma era posterior a su asunción al tribunal y que no podía aplicársele a él con carácter retroactivo.
Pese a que el aire en el 4° piso era de un penetrante aroma peronista, Fayt blindó su sillón y jugueteó con su salida. En aquella acometida dejó correr la leyenda de que tenía la renuncia lista para presentarla cuando fuera oportuna o necesaria. A Corach, gerente de asuntos constitucionales de aquel Gobierno, se le atribuye haberle dicho a Alfonsín, cuando se discutían aquellas minucias, que tenía la renuncia de Fayt en el bolsillo. Lo mismo se le atribuyó a Ricardo Lorenzetti en el último año, cuando la muerte de Enrique Petracchi y Carmen Argibay y la renuncia de Raúl Zaffaroni pusieron al tribunal en la mira de la política para renovar batallas por ese trofeo que es más simbólico que real, el control de la Corte.
El envión del último año del Gobierno contra Fayt fue -como califica ATE a sus protestas- una batucada con papelazo: montaje en el Congreso de un tribunal que escuchó a peritos psicológicos sobre la presunta salud del magistrado. La propia Presidente lo mortificó en discursos -el último cuando saludó la elección de la jueza jubilada Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid- y explotó la ironía al enviar al Senado la nominación frustrada de Roberto Carlés como reemplazante de Zaffaroni. Este abogado cuyo nombre le acercó el papa Francisco sería -si hubiera sido designado- el más joven de la historia y se sentaría junto al que más años ha estado allí, superando a Petracchi.
A esa altura la batalla por la Corte era para el Gobierno una pelea ligada a la electoral. Había designado una Corte de cinco que le dio prestigio al ciclo Kirchner entre quienes fustigaban al tribunal de la "mayoría automática" y que había desplazado a los elementos menemistas mediante renuncia o destitución. Pero -como ha ocurrido siempre, en lección que ningún político aprende- nunca se alineó con los intereses de Olivos. Contrarió al Ejecutivo con fallos (Badaro, la ley de medios, no reelección del radical favorito de los peronistas, el santiagueño Gerardo Zamora). Hasta amenazaron con renunciar en bloque si el Gobierno les sacaba el manejo de los fondos o avanzaba con el sistema de subrogantes. El paso del tiempo le ganó a la ansiedad y ahora arranca otra historia.