El "yo no fui" del canciller iraní

El canciller iraní Ali Akbar Salehi le dijo ayer a Héctor Timerman que la declaración del martes de su vocero, negando cualquier implicación de ciudadanos de ese país en el atentado de la AMIA, no fue un dardo para boicotear la reunión que al mismo tiempo mantenían en Suiza delegados de los dos países para buscar una forma de juzgamiento de los acusados de esa atrocidad. Los dos cancilleres hablaron a mediodía de ayer después de que Timerman recibiera un informe de los enviados a Ginebra. Salehi justificó a su vocero, Ramin Mehmanparast, con el argumento de que da una conferencia de prensa por semana y que en esos dichos, en respuesta a una pregunta, repitió lo que ha sostenido su Gobierno desde que se pidieron las extradiciones de funcionarios y exfuncionarios. En el diálogo, le dio a entender que ese portavoz ignoraba detalles de Ginebra (es creíble, en Irán no hay libre circulación de la informacion, ni aun entre funcionarios; tampoco se escriben quinchos ni otros géneros de la prensa libre). Timerman dijo creerle pero le pidió que diera un comunicado en el cual manifestara que las conversaciones seguían y que su país respetará todos los acuerdos a que se llegue en la próxima reunión que se hará a fin de este mes en alguna ciudad de Europa, no necesariamente Ginebra.

Con los comunicados de cada Gobierno, las partes dieron por salvado el método de negociar la realización de un juicio en un tercer país de los acusados por la Justicia argentina, entre ellos un colega del gabinete de Salehi, el ministro de Defensa Ahmad Vahidi. Hasta el mediodía de ayer, cuando Timerman leyó el breve comunicado que resume el balance argentino de las tres reuniones en Ginebra (dos el lunes, una el martes), las señales habían sido de escepticismo para la suerte de esta vía que pidieron desde Teherán, y que Buenos Aires aceptó pese al costo político que implica sentarse a conversar con funcionarios de un país al cual la Argentina acusa de apañar a responsables de un atentado en el cual murieron 86 personas, hubo centenares de heridos, daños y, además, constituye una herida para la Argentina que no se ha cerrado.

Alimentó este clima pesimista el silencio oficial en Buenos Aires, que no dio detalles de lo hablado, y la prensa tuvo que consolarse sólo con el equívoco y desmentido comunicado iraní, que parecía patear el tablero. La Cancillería prefirió esperar la llegada ayer de los negociadores (ver nota aparte) para pedir detalles a Teherán, informar a Cristina de Kirchner, y dar desde Casa de Gobierno el cortísimo comunicado que leyó Timerman antes de subirse a un avión rumbo a Sudáfrica. Esta reticencia es comprensible por la delicadeza del tema, pero va de la mano con el estilo oficial de crear secretos en donde no debería haberlos. Un ministro recordó ayer un diálogo con Néstor Kirchner cuando le aconsejaba informar a la prensa de un asunto. «Tenemos que dar algo porque los periodistas tienen que hacer un diario todos los días, y si no tienen datos, inventan». «Que inventen, no den nada», respondió el expresidente.

El entuerto se enreda por esta pasión por el secreto, las posiciones enfrentadas de sectores de la comunidad judeoargentina sobre esta negociación, y la ambigüedad del Gobierno iraní, que honra la tradición islámica del averroísmo, filosofía que puso en discusión el principio aristotélico de no contradicción y que admite que puede haber dos órdenes de verdad. (De paso, conocer esa tradición es imprescindible para entender el Gobierno de Carlos Menem, el averroísta máximo de la política argentina, que podía sostener dos verdades sobre un mismo tema sin sonrojarse.)

Por ese clima que oscurece la información sobre el tema es conveniente hacer algunas precisiones en respuestas a preguntas que siguen abiertas y las que responden los papeles que llegaron ayer al despacho de Cristina de Kirchner: 

¿Por qué el Gobierno ignoró el comunicado iraní? Ese comunicado se refería a responsabilidades, mientras que la cumbre en Suiza se refirió a las posibilidades de juzgamiento en un tercer país de los acusados. En ninguna de las tres reuniones en Ginebra se habló de las pruebas que tiene acumuladas la Justicia argentina ni de las que tendría Irán para exculpar con tanta vehemencia a sus funcionarios. 

¿Por que el Gobierno insiste en esta vía cuando tiene el costo interno de confrontar con un sector importante de la dirigencia de la comunidad judeoargentina? Porque es algo que pidió Irán y no hay razones para negarse a conversar. Si se ignorase ese pedido, la posición argentina de reclamarle a Gran Bretaña conversaciones a final abierto sobre la soberanía en Malvinas quedaría descalificada de inmediato. Según el Gobierno, admitir además que no se puede hablar con Irán pone al país en un rango inferior al de, por ejemplo, Estados Unidos, que sí negocia con el Gobierno de Teherán en varios temas sobre los que confronta. Los funcionarios del vértice del poder insisten en que lo que se busca es cerrar el juicio que se abrió por la AMIA. Si Irán no admite extradiciones, o juicio en un tercer país, habrá demostrado su mala fe y el Gobierno montará la batucada habitual que usa contra sus adversarios externos. Si lo hace y hay juicio, se sabrá la verdad sobre esta conexión, algo que es una deuda del Estado argentino con las víctimas y familiares del atentado. «Es una manera de saber qué pasó», dicen esos papeles.

Un moderado que sabe, el exvicecanciller Andrés Cisneros, un crítico de la política exterior del Gobierno, confió ayer a una radio en que el camino debe por lo menos recorrerse. «No me gusta esta política exterior, pero en este punto más bien confío -afirmó el hombre que acompañó en la Cancillería a Guido Di Tella-. A lo mejor da resultados, o un resultado que nosotros no vemos. No creo que el Gobierno haga esto por un tema vinculado a la economía, como dicen. Esperemos». 

¿Qué se puede esperar en un tema que paga poco? El Gobierno pone esta movida en el mismo nivel de lo que buscó con la reapertura de los juicios por atrocidades cometidas durante la represión clandestina de las guerrillas. Esos procesos, inhibidos en el país por las leyes de punto final y los indultos, se realizaban en el extranjero. Con la derogación de la normas de la transición, esos juicios se comenzaron a verificar en el país. Con eso se cumplió el reclamo que les hizo Néstor Kirchner a sus ministros de Relaciones Exteriores, Justicia y Defensa apenas asumió en 2003: «No quiero que nunca más un presidente, yo o cualquier otro, baje del avión en un país extranjero y aparezca una madre o abuela con el pañuelo blanco pidiendo que mande a ese país a un acusado de violar derechos humanos». Ese pedido explica toda la política en derechos humanos que siguió.

En temas de este tipo se sabe, desde la prensa y demás curiosos, a veces sólo la punta del iceberg, y todos buscan alguna otra explicación al entusiasmo del Gobierno por avanzar por este surco. Sobre el tema AMIA pesa escepticismo sobre alguna verdad después de casi dos décadas. No sólo por el fracaso de la investigación local, que lleva ahora a juicio a Carlos Menem, algunos de sus funcionarios y al exjuez Juan José Galeano. También por la complejidad política del atentado, algo que movió en su momento al hoy diputado Jorge Yoma a una ingeniosa expresión. Cuando se discutía en el Senado la integración de la comisión bilateral para investigar los atentados a la Embajada y a la AMIA se preguntó a viva voz delante de sus colegas: «¿Ustedes creen que lo que no pudieron resolver la CIA, el FBI, la KGB o el Mossad lo vamos a resolver el Choclo Alasino, el Pájaro Branda y yo?».