Empleo público: Argentina, líder por cantidad en Latinoamérica

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Un exhaustivo trabajo sobre el empleo público en la Argentina presentó CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) ayer. Titulado "Las cuatro paradojas del empleo público en la Argentina" y realizado por Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública, compara el peso de los estatales con otros países, superando cómodamente al promedio de América Latina. La cantidad creció un 70% entre 2001 y 2014. "Más allá de las habituales imágenes caricaturescas del trabajador público, ejemplificadas en la figura de Antonio Gasalla, las estimaciones de CIPPEC indican que 6 de cada 10 empleados públicos argentinos trabajan en la provisión de servicios esenciales de educación, seguridad y salud". A continuación, los puntos salientes del informe de CIPPEC:

La cantidad de empleados públicos creció casi un 70% entre 2001 y 2014. El motor de esta expansión fue el empleo público provincial, que explica el 50% de este aumento, seguido por los gobiernos locales (32%) y el Gobierno nacional (17%). Ahora bien, para evitar una lectura lineal y fuera de contexto, este crecimiento debe entenderse en el marco de lo sucedido en la última década en la Argentina, caracterizada por un Estado que desempeñó un rol social y económico protagónico, pero que en forma simultánea mostró algunos signos de institucionalidad débiles.

•De acuerdo con estimaciones de CIPPEC sobre la base de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), los trabajadores públicos representan cerca del 18% de ocupados de la Argentina. Son casi 3,9 millones de personas. Así, el peso del empleo público supera el promedio del 12% de América Latina, y se encuentra por debajo de países desarrollados como Francia, Canadá o Reino Unido.

Centrar el debate en el tamaño óptimo de un Estado implicaría esfuerzos enormes para la obtención de una fórmula alquimista, y correríamos el riesgo de quedar enredados en una discusión bizantina. Tal vez tenga mayor sentido y reflexionar acerca del tamaño del Estado en la Argentina en relación con la calidad de sus políticas públicas. Aquí nos topamos con la primera paradoja: contamos con niveles de empleo público relativamente cercanos a naciones del Primer Mundo, pero con políticas públicas cuya calidad es más bien propia de países en vías de desarrollo.

•El 80% de los empleados públicos argentinos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y municipios. Así, el sector público nacional explica menos de un tercio del empleo público total. Esto es resultado de un largo proceso de descentralización de las funciones estatales comenzado en los años setenta y continuado luego en los noventa. Este crecimiento del empleo público en las provincias y municipios tiene su correlato en las cuentas públicas, donde los salarios explican en promedio la mitad del gasto público. La segunda paradoja cobra aún mayor fuerza: en 2015 el Gobierno nacional destinó alrededor del 12% de su presupuesto al pago de salarios. Mientras el ojo de la polémica se posa en los despidos a nivel nacional, la dinámica del federalismo fiscal en la Argentina continúa su curso, sin prisa, pero sin pausa.

Más allá de las habituales imágenes caricaturescas del trabajador público, ejemplificadas en la figura del burócrata de Antonio Gasalla, las estimaciones de CIPPEC indican que 6 de cada 10 empleados públicos argentinos trabajan en la provisión de servicios esenciales de educación, seguridad y salud. De hecho, sólo un tercio de los empleados públicos realiza tareas estrictamente administrativas. Estas cifras evidencian otra característica medular del empleo público: representa un mosaico tan amplio como heterogéneo, razón por la cual se dificulta (aún más) cualquier tipo de generalización. El Estado contemporáneo es significativamente mayor y más complejo en tamaño y funciones de lo que era en 2003.

•Las estadísticas sobre empleo público presentan importantes limitaciones. No hay datos estadísticos oficiales, las fuentes están discontinuadas y tampoco existe un organismo estatal encargado de construir información fidedigna. En tal sentido, las tareas de articulación y coordinación, promoviendo sinergias intergubernamentales, aportando recursos de capacitación y presupuestarios, recaen en primer término en la responsabilidad de la órbita del Gobierno nacional. Del mismo modo, es necesario fortalecer y sofisticar los mecanismos de reclutamiento y selección para el ingreso de los trabajadores al Estado, considerando que los perfiles y habilidades profesionales del empleo público no son homogéneos ni están distribuidos en forma similar en los diferentes niveles de Gobierno.

Si bien durante los últimos 10 años hubo avances muy significativos en materia de convenios colectivos, el porcentaje de personas contratadas bajo diversas modalidades -planta transitoria, locación de servicios, proyectos con organismos internacionales, convenio con universidades- se mantuvo sin grandes cambios. En diciembre de 2015, solamente para el sector público nacional existían más de 50 regímenes laborales diferentes coexistiendo entre sí y regulando los criterios de ingreso, carrera y compensaciones en los 18 ministerios, los 88 organismos descentralizados y las 51 empresas públicas.

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