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Empresarios ahora no firman documento de la Iglesia
De todos modos, y dado que no fue alguna de las agrupaciones empresariales la que propició la iniciativa sino el Episcopado, todos los consultados por este diario enfatizaron la necesidad de recomponer la relación con los purpurados, que quedó herida por el episodio.
El documento, cuyo contenido trascendió la semana anterior, viene siendo elaborado desde diciembre del año pasado por un enorme grupo de técnicos de las entidades que conformaron el Foro de Habitantes a Ciudadanos, que creó la Iglesia pero que cuenta entre sus miembros a la AMIA, grupos islámicos y evangélicos, la CGT y la CTA, los rectores de las universidades privadas y la Universidad Católica. Esos técnicos sesionaron siempre y desde el primer día en la sede de la Conferencia Episcopal de la calle Suipacha, como para que nadie pudiera cuestionar quién era el inspirador de la movida.
La redacción final, de cualquier manera, se basó en el trabajo de una «mesa chica» conformada por el economista Juan Llach, el «head hunter» Ernesto Kritz, el académico Agustín Salvia (coordinador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA) y Daniel Arroyo, ex secretario de Acción Social de Alicia Kirchner y ex funcionario del Gobierno provincial de Daniel Scioli.
El lunes se realizó la última reunión de ese multitudinario grupo de técnicos, que le dieron los toques finales a lo que -al menos hasta ese día- iba a ser la versión final de la declaración; nadie objetó nada: horas más tarde, la resolución de la junta directiva de la UIA, de enviar el texto al Comité de Presidencia (léase, a vía muerta), modificó todo el panorama.
Hasta ayer, tras el desaire de la central fabril, los únicos que permanecían firmes junto a la Iglesia eran las entidades del campo, sin dudas porque son las únicas impermeables a las presiones que ejerció el Gobierno desde la semana pasada para impedir la firma del documento. Con la UIA los emisarios del matrimonio Kirchner parecen haber alcanzado su meta. De hecho, monseñor Jorge Casaretto le llevó el texto al presidente de la UIA, Héctor Méndez, quien se comprometió a impulsarlo en el seno de la central industrial; cuando se hizo evidente que no contaba con el respaldo de sus colegas, Méndez optó por no concurrir a la sede de la UIA y presidir la reunión de junta directiva que lo rechazó.
Hasta ayer, la CAME, los bancos nucleados en ADEBA y otras cámaras (Comercio, Construcción) estaban en la duda sobre firmar o no. Todo hace suponer que no deberán enfrentar esa disyuntiva. En sentido inverso, la AEA (Asociación Empresaria Argentina) quería que se anunciara el «paper», pero pidió que se modificaran sus aspectos resolutivos, contenidos en la última de sus cuatro carillas.
«Es demasiado distributivo y poco productivista; sus enunciados son más un listado de buenas intenciones que de las medidas concretas que harían falta para achicar la pobreza», le dijo a este diario un alto directivo de la UIA. Según trascendió, el «distribucionismo» que disgustó a algunos empresarios es obra de Arroyo, la pata peronista del cuarteto de redactores. En sentido inverso, dicen los que se oponen al texto, falta reafirmar el rol del trabajo y de la producción como las herramientas más eficaces para reducir la pobreza. El «Foro», cabe recordarlo, funciona desde hace tres años y la frase «pasar de habitantes a ciudadanos» es casi una marca de fábrica del rabino Sergio Bergman, pese a que en el documento no figura.
Otras fuentes empresarias le atribuyen parte del fracaso del documento a la ausencia de Eduardo Serantes, principal operador de monseñor Casaretto, que esta semana -clave para la gestión del acuerdo- debió viajar a Estados Unidos.
La pregunta hoy es si finalmente ese documento se firmará alguna vez, o correrá la misma suerte que una docena de proyectos de declaraciones que murieron por el camino. Lo concreto es que el Gobierno volvió a tener éxito en mantener dividido el frente empresarial.


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