Empresarios ahora temen la “cogestión” con los gremios

Héctor Recalde

La pelea por el proyecto del diputado Héctor Recalde para que las empresas distribuyan parte de sus utilidades entre su personal se recalentó ayer a consecuencia del duro comunicado que emitió el miércoles el Grupo de los Siete (G-7), que agrupa a las principales centrales empresarias del país.

Dos de los miembros del G-7, el banquero Jorge Brito (ADEBA) y Hugo Biolcati (Sociedad Rural), volvieron a atacar, esta vez en declaraciones radiales, la iniciativa del legislador y principal asesor de Hugo Moyano. El propio Recalde les respondió, y ahora la semana próxima promete ser más caliente aún a medida que se acerque su tratamiento parlamentario.

La gran pregunta que se hacen por estas horas los empresarios es qué hará el Gobierno con la propuesta de Recalde: la mayoría cree que la apoyará sin restricciones, no tanto por estar de acuerdo en un esquema distributivo que «off the record» ellos califican de «impracticable», sino porque será una horca caudina que la oposición no podrá eludir.

A eso apuntaba ayer Recalde al recordar que el entonces senador por la UCR Hipólito Solari Yrigoyen había presentado un proyecto muy parecido al suyo en 1987. El propio Solari Yrigoyen pareció dar una pista de lo que pasará en el recinto, al responder: «Estudiaré el proyecto porque es una buena iniciativa». El diputado por la CGT agregó que «las empresas obtienen en la Argentina una rentabilidad casi diez veces mayor al promedio mundial», algo que es rechazado de plano por los empresarios, y aseguró que el mecanismo y el monto de la distribución será decidido por un «órgano tripartito» en el que participarán patronos, obreros y el Estado.

Ese esquema preocupa a los empresarios más aún que la posibilidad de darle un «bonus» del 10% al personal, porque lo ven como un cogobierno. Así se infiere de lo dicho por José Ignacio de Mendiguren, secretario de la UIA, quien advirtió que el proyecto Recalde «trae escondida la cogestión sindical. De eso es de lo que hablan los sindicatos». En relación con el rango constitucional que tiene el compartir ganancias, Mendiguren repitió argumentos ya conocidos: «También lo tienen el juicio por jurados, la libre asociación sindical, el derecho a la vivienda y el 82% móvil para los jubilados».

En tanto, Brito admitió que el proyecto «puede generar menos inversión», pero agregó que hay que «sentarse a dialogar para dejar de lado las peleas permanentes que vive el país», y pidió combatir el trabajo en negro. Biolcati fue mucho menos contemporizador al decir que la iniciativa «espanta inversiones en un momento en que el país las necesita porque el nivel de inversión es muy bajo», aun cuando la propuesta, dijo, «no es objetable en sí misma».

Otro alto dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) le dijo a este diario que «lo que hace el Gobierno con la oposición es retarla a que le nieguen al sector laboral ese derecho, a riesgo de quedar como impopulares y enemigos de los trabajadores si se oponen al proyecto».

Una de las armas a las que van a echar mano los empresarios, según pudo averiguar este diario, es la legislación comparada, y utilizarán las de los dos gigantes de la región: México y Brasil. En el primero de los casos, el «plus» para los trabajadores (que podría comparárselo con el aguinaldo que perciben los empleados argentinos desde hace décadas) se sufraga con parte de lo que debería pagar la empresa en concepto de impuesto a las ganancias. En otras palabras: los fondos salen de las arcas del Estado, no de la empresa.