Entre la cancelación del Boden 2012 y la ley de hidrocarburos

Eduardo Duhalde

Existen expectativas sobre varios asuntos de la economía en la coyuntura, entre ellos el próximo vencimiento y la cancelación del Boden 2012 por 2.300 millones de dólares, que cierra el proceso de endeudamiento público ideado para salir de la crítica situación de 2001/2002. El Gobierno de Duhalde instrumentó la salida de aquella crisis en varios movimientos (políticos, económicos y sociales), con medidas económicas que incluyeron la devaluación con pesificación asimétrica, que benefició especialmente a grandes deudores del sistema financiero y compensó a los bancos y a los ahorristas (inversores). Todo con deuda pública y a costa del Presupuesto, es decir, del conjunto de la sociedad, que de ese modo subsidió a esos beneficiarios, una minoría. Se reiteró la tradicional concepción de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

Así, el costo de las medidas económicas se trasladaron en el tiempo (una década) con endeudamiento público, algo que había sido el reiterado mecanismo para el funcionamiento del capitalismo argentino en los años 90, el decenio de la convertibilidad, la apertura liberalizadora, las privatizaciones y el ajuste estructural. La cesación de pagos de fines de 2001 facilitó la medida, ya que no había acuciantes compromisos de pagos en el corto plazo (por lo menos hasta que se definiera el arreglo, lo que empezó a suceder desde 2005) y viabilizó la emisión de los títulos que fueron venciendo en este período, y que cierra un ciclo el próximo jueves 2/8. Esa nueva deuda ha sido pagada y termina cancelándose a expensas de los trabajadores, que con el deterioro estructural de sus ingresos transfirieron rentas hacia las ganancias empresarias, lo que explica la disímil evolución del ingreso de patrones y trabajadores.

Hay quienes relativizan el papel de la deuda pública. Dicen que ahora tiene menos peso en relación con el producto que en los períodos anteriores, algo que es cierto, pero insuficiente para considerar la condicionalidad estructural de la deuda. De hecho, los recursos para cancelar el Boden 2012 salen de una autorización para utilizar reservas internacionales del BCRA. Esas reservas se anuncian en torno de los 46.300 millones de dólares, claro que a ese monto debe restarse, entre otros aspectos, las letras emitidas por el Tesoro nacional por usar reservas para cancelar deuda pública. Son unos 33.000 millones de dólares que vencen en 2016 y 2022. Las reservas son entonces las que registra el BCRA, si y sólo si, el Estado nacional obtiene a futuro los recursos que hoy adeuda al BCRA. La deuda se está pagando con deuda, que se cancelará con recursos fiscales que tendrá que obtener el Estado. ¿De quién, de dónde? De la sociedad en su conjunto, obvio, y verificando que lo principal de la recaudación actual proviene de impuestos al consumo (como el IVA), aquellos que afectan a los sectores de menores ingresos. Para completar la información que relativiza las reservas, debemos adicionar unos 16.700 millones de dólares por adelantos transitorios por un año (renovables) facilitados por el BCRA al Tesoro nacional. Entre ambos conceptos de deuda del tesoro, títulos y adelantos, suman más que las reservas registradas. Un problema, sin duda, a contramano de quienes subestiman el peso de la deuda en la coyuntura, sin contar claro, las demandas del Club de París o los fondos buitre que no ingresaron al canje y que cada tanto ejercen presión con relativa complicidad de la justicia de EE.UU.

También genera expectativa en la coyuntura la reglamentación de la ley de hidrocarburos y la presencia de una comisión presidida por el viceministro de economía, Axel Kicillof. Las funciones serán las de intervenir en el mercado petrolero, en el seguimiento y control de las inversiones petroleras y en la determinación de variables claves del negocio petrolero, entre ellos la ganancia. Recordemos que YPF sólo representa 1/3 del negocio, y que el resto está en manos de transnacionales y grupos concentrados. Se trata de un tema estratégico, no sólo para el manejo soberano del petróleo, sino ante la crisis energética mundial en curso y la disputa mundial por las fuentes de hidrocarburos.

No es menor al respecto la reciente asociación entre la petrolera venezolana, PDVSA, e YPF. Los acuerdos suscriptos entre ambas empresas permitirán desarrollos conjuntos, claro que necesitados de la tecnología estadounidense, en manos de monopolios transnacionales dominadores del negocio petrolero mundial, tal el caso de Chevron. ¿Es posible pensar en desarrollos tecnológicos compartidos, incluso involucrando a otras petroleras estatales de la región? Resulta imprescindible pensar en investigación y desarrollo alternativos, fuera de la lógica mercantil que empujan las transnacionales y el poder económico. La formulación de una estrategia compartida de soberanía energética aparece imprescindible. En su momento, desde Caracas se sugirió la conformación de un política bautizada «Petroamérica» y que ahora parece haberse creado las condiciones para su extensión desde el acuerdo entre una veintena de países del Caribe y América Central a Sudamérica.

Lo señalado debe enmarcarse en la circunstancia que supone el ingreso formal de Venezuela al Mercosur, justo cuando desde Caracas se ratifica la «denuncia» a la pertenencia de Venezuela al CIADI, el ámbito del Banco Mundial que tiene en su seno las mayores demandas de transnacionales contra la Argentina y otros países de la región. Existen expectativas que la actitud de Caracas, en el camino que ya asumieron Bolivia y Ecuador, empuje a los socios del Mercosur en el mismo camino, especialmente cuando Brasil nunca se incorporó ni suscribió el protocolo de adhesión al CIADI. Muchos temas puede empujar Venezuela en su ingreso formal al Mercosur, quizá y sólo para destacar mencionemos al del Banco del Sur; las tratativas sobre nueva moneda regional, cuyos antecedentes remiten al Sistema de Pagos en Monedas locales suscripto entre Brasil y la Argentina desde 2008, incluso con su escaso desarrollo (es una iniciativa que pretende extenderse al conjunto del Mercosur); y un mayor vínculo con el SUCRE, la moneda para el intercambio comercial con monedas locales implementado por los países del ALBA.

Son temas coherentes con el insistente planteo desde el BCRA, o las autoridades económicas de la Argentina por desdolarizar la economía local. Es cierto que el Mercosur está atravesado por múltiples conflictos entre sus miembros, y ahora específicamente entre la Argentina y Uruguay a propósito del dragado del Río de la Plata, y recurrentemente entre protecciones y conflictos entre las partes, pero el ingreso de Venezuela renueva expectativas de potenciar la integración regional y claro, siempre existe el interrogante sobre quién influenciará más a quién ¿Si el rumbo por el socialismo que se promueve desde la revolución bolivariana o la impronta capitalista que anima el club de los fundadores del Mercosur?

Existe un nuevo tiempo en el debate por la integración, sin claridad ni definiciones precisas de articulación productiva y económica, pero no es menor que EE.UU. ya no defina en soledad el curso de acción a seguir, aun cuando mantiene regímenes amigables y sumisos a sus dictados. La agenda de la integración alternativa acompaña la demanda de transformaciones locales en cada país, y constituyen el programa a sustentar en el camino de la construcción de sujetos para profundizar el cambio político que define la coyuntura en nuestra América.

¿Quién vence a quién?

Las expectativas comentadas, sean por la cancelación de la deuda (aplaudida por acreedores), como las apuestas a la integración (petróleo y Venezuela en el Mercosur) son expresión de la confrontación existente en cada uno de nuestros países y en el destino común, compartido.

El interrogante del subtítulo remite a la formulación de Lenin en los difíciles momentos de la confrontación entre revolución y contrarrevolución, y que nos sirve a nosotros para pensar el momento actual de constitución de sujetos que asuman un programa transformador para el cambio en momentos de crisis capitalista.

Es que la crisis convoca al combate. Por eso es pertinente consultar e indagar sobre cómo nos preparamos para salir airosos. No hablo de la competencia olímpica, está claro, sino de la recurrente lucha sociopolítica, aquella que nominábamos como lucha de clases.

(*) Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.