Estatizó Formosa energía por deficiencia en servicio

• Es la cuarta intervención en el año de un Gobierno sobre empresas privadas

Gildo Insfrán

La tendencia a la estatización de empresas de servicios públicos sumó a la provincia de Formosa, que avanzó sobre la distribuidora de servicio eléctrico, EDEFOR SA, por violación del contrato de concesión y mala calidad en el servicio.

El caso del Gobierno de Gildo Insfrán es idéntico en sus consideraciones al de las provincias de La Rioja, Mendoza y Salta, que activaron la rescisión de los compromisos contractuales con las empresas debido a las malas prestaciones de los servicios.

En cuanto a Formosa, la Legislatura aprobó por unanimidad la intervención estatal y en forma inmediata se hizo cargo de la gestión, distribución y comercialización de la prestación.

La decisión llega a casi 14 años de la privatización del servicio eléctrico de la provincia, realizada en diciembre del año 1995.

El decreto del Ejecutivo ingresó el jueves a la Cámara de Diputados, fue tratado sobre tablas en la última sesión del período ordinario y contó con la adhesión de la totalidad del cuerpo conformado por justicialistas y radicales.

En los considerandos de la medida, Insfrán alude a que se constató «la sistemática, continua y persistente violación del contrato de concesión», al tiempo de dejar en claro que «nos vemos obligados, en salvaguarda de la integridad física y los bienes de todos los formoseños y velando por el interés público a tomar esta decisión».

«En consecuencia -advierte el mandatario formoseño-, hemos de intervenir el servicio de provisión de energía eléctrica, conforme las atribuciones que la Constitución y las leyes de la provisión habilitan, con el objetivo de dar inicio al camino que nos llevará a superar las ineficiencias padecidas largamente por nuestro pueblo».

Los duros cuestionamientos a las concesionarias crecieron en los últimos meses en varias regiones del país, especialmente a las empresas vinculadas con la distribución de energía y agua. En mayo, el Gobierno de Juan Manuel Urtubey reestatizó la compañía de agua de Salta. En agosto tomaron idéntico camino el mendocino Celso Jaque y el riojano Luis Beder Herrera, también sobre las empresas de agua.

En todos los casos los gobernadores denuncian supuestos incumplimientos del contrato por parte de las empresas en materia de inversiones y calidad de la prestación, y en medio de fuertes críticas de los usuarios por las deficiencias en el servicio.

Otros antecedentes más cercanos remiten a 2008, cuando el gobernador radical de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, decidió traspasar al Estado los servicios de agua potable (en marzo) y la empresa distribuidora de energía (en octubre).

En mayo de 2005, en tanto, el por entonces gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, reestatizó la Empresa Provincial de Energía (Edeersa). Ese mes y año, en paralelo, la puja entre el Gobierno de Jorge Obeid (Santa Fe) y Aguas Provinciales (Grupo Suez y Agbar) derivó en la rescisión del contrato y la estatización del servicio. En los cuatro últimos casos, la postal perdura.

En la vereda empresarial, en tanto, en líneas generales el tironeo se dio en medio de irresueltos reclamos de subas de tarifas para hacer frente a los crecientes costos en el cumplimiento de las tareas.

La intervención estatal entraña sus riesgos, sobre todo si se tienen en cuenta las crecientes urgencias financieras que atraviesan buena parte de las arcas provinciales, y que derivan en permanentes ajustes en el gasto público que redundan en menos recursos para las distintas áreas, aun las más esenciales.