Europa somete a España a duro plan por rescate

El ministro de Economía español, Luis De Guindos, explicó ayer las bondades del programa de salvataje bancario conseguido de la Unión Europea.

Bruselas - La Unión Europea puso 32 condiciones a España para rescatar su sector bancario, según el memorando de entendimiento difundido ayer, que incluye la exigencia de informar en detalle sobre las cuentas de los bancos, el cumplimiento de medidas macroeconómicas y el reforzamiento del Banco de España en detrimento del Ministerio de Economía.

El memorando, tras el acuerdo político que se logró en el eurogrupo, prevé que durante los 18 meses que durará el programa de saneamiento, las autoridades españolas (el préstamo de 100.000 millones de euros se entregará en tramos, los primeros 30.000 millones antes de fin de mes) aporten «a la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Fondo Monetario los datos necesarios para supervisar todo el sector bancario y los datos de los bancos de interés específico por su naturaleza sistémica».

«La Comisión Europea, junto con el BCE y la EBA, tendrá derecho a efectuar inspecciones in situ en cualquier institución financiera beneficiaria» para verificar que se cumple lo previsto, dice el documento. El memorando deja claro además que «la Comisión Europea, junto con el BCE y la EBA, verificará a intervalos regulares que las condiciones ligadas a la asistencia financiera se cumplen, mediante misiones e informes regulares por parte de las autoridades españolas cada trimestre».

Fuentes europeas han admitido que las condiciones para España fijadas son «más duras de lo que se esperaba a priori, pero también «más suaves» que las que se han establecido para otros programas de asistencia financiera como el de Irlanda, Portugal o Grecia y el que habrá pronto para Chipre. El memorando incluye una serie de información que España deberá facilitar a Europa, como datos semanales sobre depósitos bancarios y la situación de liquidez de las entidades y recuentos trimestrales sobre la exposición a la deuda soberana.

El Ministerio de Economía español perderá ciertos poderes: tendrá que transferir antes de final de año al Banco de España los poderes sancionadores y la capacidad de dar licencias bancarias, y debe «fortalecer más la independencia operativa» de esta entidad. Asimismo, tendrá que identificar hasta finales de octubre «posibilidades para dar al Banco de España más poder para que pueda emitir directrices o interpretaciones vinculantes». El Gobierno tendrá que emprender también en los próximos meses una reforma de sus cajas de ahorros para que éstas terminen por dejar de controlar bancos comerciales.

Ya entre julio y agosto el Gobierno tendrá que preparar planes de reestructuración y liquidación para las entidades que han sido nacionalizadas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria -FROB- (BFA/Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), con el fin de que la CE pueda aprobar los primeros antes de noviembre.

Mientras, un segundo grupo de entidades -las no intervenidas- tendrá que presentar los programas en octubre para recibir autorización en diciembre y los últimos -los que tratarán de sanearse por su cuenta-, en junio próximo.

Este último grupo tendrá que emitir como medida de precaución bonos convertibles contingentes que serán suscriptos por el FROB con el fin de recapitalizarse hasta diciembre.

La banca española tendrá que llegar al menos al 9 por ciento de capital de máxima calidad y aquellas entidades que requieran ayuda tendrán que crear hasta noviembre sociedades de gestión de activos para separar los activos inmobiliarios, es decir un «banco malo». Si los bancos resultan no ser viables se liquidarán.

Agencias EFE, DPA y Reuters