Un fallo judicial que se conoció ayer defendió las atribuciones de las nuevas comunas porteñas, en contra de un decreto del Gobierno PRO que creó las Unidades de Atención Ciudadana (UAC), que retuvieron algunas competencias que corresponden a las nuevas zonas de la Ciudad con el objeto de descentralizar tareas.
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La decisión judicial fue a partir de un planteo del legislador de la oposición Rafael Gentilli (Proyecto Sur), quien solicitó un amparo considerando que un decreto de 2011 "recreaba los Centros de Gestión y Participación (CGP) denominándolos como Unidades de Atención Ciudadana" y que esa norma "avanzaba en funciones que van más allá del ejercicio de actividades desconcentradas del Ejecutivo, inmiscuyéndose en la coordinación de los servicios, en su disposición en las sedes comunales y sus relaciones con la comunidad".
La Justicia señaló que "en definitiva" el Decreto 376/11 en cuestión "mantiene en la estructura del Gobierno central competencias que por decisión legislativa corresponden a las autoridades comunales y, en consecuencia, sólo cabe declarar su ilegitimidad". De ese modo, el tribunal resolvió declarar "la ilegitimidad" de la norma.
Gentilli, quien dio a conocer la resolución, explicó que "de esta manera, la Junta comunal ahora recupera las funciones de: coordinación de la atención al público, las obras públicas comunales (calles interiores y avenidas), las decisiones sobre los espacios verdes, el sistema de poda y arbolado, el control comunal sobre los espacios públicos y el manejo de la cuadrilla de emergencia de obra pública (baches y veredas)".
De todos modos, la mayoría de las comunas porteñas está presidida por el macrismo, de acuerdo con el resultado de la primera elección en la cual los vecinos votaron las autoridades, pero el fallo le quitaría competencias ahora a la administración central del Gobierno porteño que cuenta con una oficina especial para la coordinación con los comuneros.
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