Ferreyra: Pedraza, a juicio más tarde, junto a policías

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El juicio oral y público contra el sindicalista José Pedraza y otros nueve acusados del crimen del activista del Partido Obrero (PO) Mariano Ferrey quedará postergado luego de la decisión judicial de unificar ese expediente con el que investiga la posible responsabilidad de siete policías en el operativo montado el día de los incidentes que desembocaron en el asesinato. El debate oral debía comenzar el 20 de febrero pero de momento quedó sin fecha de arranque a la espera de la finalización de la instrucción relacionada con los efectivos policiales.

El Tribunal Oral en lo Criminal 21 de la Capital Federal accedió a los pedidos que habían hecho tanto las defensas de los acusados como los querellantes (familiares de Ferreyra y los abogados de dos militantes heridos) de acumular la causa contra los policías a la que analiza el posible rol que jugaron en el homicidio Pedraza; su segundo en la Unión Ferroviaria, Juan Carlos «Gallego» Fernández; dos delegados del gremio; dos presuntos barrabravas, y cuatro trabajadores ferroviarios.

Los defensores de los sindicalistas habían pedido además la derivación de las actuaciones a la Justicia federal por la supuesta responsabilidad de los uniformados, en su condición de funcionarios, sobre lo que el tribunal no se pronunció. Los jueces Diego Barrotaveña, Carlos Bossi y Horacio Dias sostuvieron en su resolución que fijarán nueva fecha para el juicio oral una vez que lo permita el estado procesal del expediente relacionado con los policías, al que según los magistrados «se le imprimirá prioridad en su tramitación».

Pablo Ferreyra, hermano del activista asesinado el 20 de octubre de 2010 en Barracas durante el supuesto ataque de una patota de la Unión Ferroviaria a trabajadores tercerizados del Roca, valoró la unificación de las causas. De la misma forma se expresaron los querellantes.

Carolina Varsky, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y patrocinante de la familia de Ferreyra, explicó que la resolución del tribunal oral está en línea con el planteo que habían presentado en conjunto esa organización y los abogados de los militantes heridos en el mismo episodio. Varsky recordó que cuando la jueza de Instrucción Susana Wilma López resolvió elevar a juicio oral ambas investigaciones, «reconoció que había unidad en la prueba» entre las dos causas.

En el sumario principal, Pedraza y el «Gallego» Fernández están acusados como presuntos instigadores del accionar de la patota con el fin, de acuerdo con la jueza López, de «aleccionar» a los trabajadores tercerizados que reclamaban su incorporación a la planta permanente del personal del Roca, y para proteger supuestos emprendimientos sostenidos por la cúpula del sindicato en las empresas que prestan servicios a la concesionaria ferroviaria. La magistrada les imputó los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

La mayoría de los sospechosos cumple prisión preventiva desde pocos días después del asesinato, mientras que Pedraza fue apresado en febrero de 2011.

En tanto que siete uniformados, entre ellos el extitular de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal Hugo Lompizano, fueron sindicados por los presuntos delitos de abandono de persona agravado, seguido de muerte, y por daño a la salud. Bajo las mismas acusaciones están procesados Luis Alberto Echevarría, segundo de Lompizano; el ex comisario de la División Roca Jorge Raúl Ferreyra; el principal Gastón Conti; el subcomisario de la seccional 30 Rolando Garay; el jefe de Departamentos de Control de Líneas Luis Mansilla, y David Villalba, de la División Exteriores de Video, que tenía a su cargo la filmación del operativo montado en torno de la protesta de los tercerizados.

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