Fiscales se unen contra políticos

Daniel Scioli

Los procuradores de todo el país expresaron su preocupación por la falta de planes integrales contra la inseguridad y propusieron una serie de modificaciones para el Código Procesal, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la Justicia. El texto emitido en Santa Fe por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina sostiene que «la problemática ligada a la Justicia y a la seguridad no es meramente presupuestaria o económica» y que por consiguiente «debe abordarse en su integralidad y con atención a las realidades locales».
Así, los jefes de fiscales de la Argentina sentaron su posición sobre el tema, en una línea similar a la que habían manifestado la Corte Suprema bonaerense y los jueces federales la semana pasada. Los magistrados salieron a responder las acusaciones del gobernador de la provincia, Daniel Scioli, respecto del desempeño de la magistratura en relación con el crecimiento de la inseguridad.
El texto también señala que, para mejorar la Justicia y la seguridad, se debe implementar un plan integral a corto, mediano y largo plazo, que incluya prevención, modernización del sistema acusatorio, la investigación científica, modos rápidos de solución de conflictos y de la situación carcelaria.
La declaración fue firmada por la procuradora general bonaerense, María del Carmen Falbo, el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, y los procuradores y fiscales generales de San Juan, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Santa Cruz, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, Misiones, Salta y Tucumán.
Los procuradores reclamaron que «se termine con análisis y soluciones simplistas» en materia de justicia y seguridad. Además, hicieron hincapié en la necesidad de una «adecuada prevención», modernizando las agencias responsables y la implementación de sistemas procesales acusatorios, entre otros aspectos.
El Consejo propuso, además, la implementación de un sistema que simplifique la resolución de conflictos como el de «flagrancia» (que indica que la persona que es atrapada cometiendo un delito con pena prevista de menos de 15 años de prisión recibe su sentencia en sólo tres meses). También están los métodos de «suspensión de juicio a prueba» (conocido como «probation», en el que el procesado acepta sin debate oral tareas comunitarias como penas) y el de «juicio abreviado» (por el cual, si el imputado se declara culpable, su defensa y la fiscalía acuerdan rápidamente una pena). Según el documento, estos sistemas para delitos menos graves aportan «celeridad procesal» y descomprimen las fiscalías y los juzgados, permitiendo una mayor dedicación de los funcionarios judiciales a las causas más graves y complejas.
Los jefes de fiscales resaltaron «el fortalecimiento de las herramientas que propenden al acceso a la Justicia en su sentido íntegro, y la protección plena de las víctimas». Y señalaron que se debe poner «énfasis en los modelos penitenciarios y pospenitenciarios que respondan a las exigencias constitucionales».
Por otro lado, el encuentro trató el proyecto de Laboratorios Regionales de Ciencias Forenses, que consiste en la creación de laboratorios de última generación en cinco regiones del país.