Forzado: en una semana quieren ley de expropiación de Aerolíneas Argentinas

Dos comisiones de Diputados emitieron ayer el dictamen del proyecto de expropiación de Aerolíneas Argentinas. El oficialista Mariano West explicó por qué no hubo acuerdo con Marsans. El macrista Federico Pinedo pidió decretar la quiebra y que el Estado administre.

El camino hacia la estatización definitiva de Aerolíneas Argentinas y Austral parece ya definido. Ayer un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados emitió el dictamen del proyecto que declara de utilidad pública y sujetas a expropiación a las dos empresas. El oficialismo no escuchó ninguna de las razones que repitió la oposición y avanzó con la propuesta que redactaron los diputados kirchneristas bajo el control de la Casa Rosada. El próximo miércoles Diputados votará el proyecto y una semana después lo hará el Senado. Por si queda alguna duda, el kirchnerismo ya contó el número en ambas Cámaras, por lo que el trámite de aprobación en el Congreso parece sólo un paso administrativo. De ahí al decreto que deberá firmar Cristina de Kirchner habrá sólo un paso.

Si alguna duda quedaba sobre la decisión del gobierno, ayer la despejó Agustín Rossi, el presidente del bloque oficialista de Diputados: «Vamos a pagar cero peso por Aerolíneas», dijo. Sobre la deuda que el Estado asumirá al expropiar las empresas, unos u$s 890 millones que la oposición denuncia como el principal error que cometerá el gobierno, Rossi defendió: «Hay pasivos exigibles y otros que no lo son», y además anunció que se renegociarán los contratos de leasing de los aviones que las dos líneas aéreas tienen bajo ese sistema. «Otros pasivos pueden ser cancelados una vez que se ponga en marcha la empresa», remató.

La declaración es importante porque confirma oficialmente que el Estado argentino se hará cargo de la deuda de Aerolíneas Argentinas y Austral una vez que avance la expropiación. De alguna forma es un reconocimiento a la oposición, que venía insistiendo con la necesidad de expropiar sólo los activos de las empresas y dejar los pasivos para que se resuelvan en la quiebra judicial.

De todas formas, el kirchnerismo alerta sobre esa postura del radicalismo y la Coalición Cívica: «Si expropiamos sólo los activos, de movida tendríamos que hacernos cargo de $ 1.200 millones», que sería el costo de pagar la expropiación por esa vía.

Después de cuatro horas de estériles debates, ya que no hubo cambios de posición en el oficialismo, el gobierno consiguió avanzar con un dictamen de mayoría sobre la expropiación.

Enfrente, la oposición todavía no llegó a consensuar un dictamen de minoría.

Allí las posturas no son unánimes. Juan Carlos Morán, por la Coalición Cívica, ya adelantó el voto en contra del proyecto: «Significa hacer cargo a todos los argentinos Para Morán, «el oficialismo, con un el estilo binariomenemista, nos quiere mostrar la foto de hoy diciendo 'expropiación o abismo'y nosotros le decimos no. Esta es una película de corrupción que tuvo como protagonista a Menem y que hoy lo tiene como protagonista a Kirchner».

Con un mensaje similar salieron el macrista Esteban Bullrich y el radical Rubén Lanceta, que sostienen, como el jefe de la UCR, Gerardo Morales, la necesidad de avanzar con la expropiación sólo de los activos y fundar una nueva empresa.

Pero como viene sucediendo en los últimos cinco años, ninguno de esos cuestionamientos opositores puede hoy traspasar el blindaje que la mayoría le da al gobierno en el Congreso. El problema, entonces, serán los futuros reclamos judiciales que interpondrá el Grupo Marsans contra el país. Por lo pronto, ya se conoce el monto de esa potencial demanda: u$s 1.560 millones, que fueron confirmados por el grupo español hace una semana.

La reunión de ayer de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General comenzó con un informe del bonaerense Mariano West, que explicó la historia reciente de las deliberaciones de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la estatización y las acciones llevadas adelante por la AGN y el Tribunal de Tasación para definir los activos de las aéreas. El final de ese proceso precipitó la decisión del gobierno de abandonar la negociación con el Grupo Marsans -tras una reunión en el Congreso con Horacio Fargosi, presidente de Aerolíneas-y avanzar con un proyecto de expropiación que redactó el propio Rossi. Pero la decisión no despeja otras incógnitas que quedan sobre la operación y que algunos diputados, como Carlos Raimundi, ayer remarcaron. Es el caso del proceso de expropiación y la toma de control por el Estado, sobre el que no existen precisiones. Tampoco se hace referencia a los $ 800 millones que el gobierno destinó este año a cubrir gastos en Aerolíneas Argentinas para garantizar que la empresa continuara volando. Menos se habló del déficit operativo, que se elevó a u$s 2 millones diarios y que el Estado deberá asumir desde que se vote la ley. Al avanzar con una expropiación sin precio, esos aportes no podrán ser compensados como establecía el Acta-Acuerdo firmada con Air Comet-Marsans, que luego no fue ratificada por el Congreso.