El empresario y sus hijos en el banquillo por tres hechos. Exhortos faltantes, juez duplicado, cambio de letrados y tecnicismos serán rechazados la semana que viene.
Oral. Lázaro Báez ayer en el primer día del juicio por lavado.
Una catarata de planteos de nulidad y recursos de las defensas inundó la primera jornada del juicio oral que tiene en el banquillo a Lázaro Báez y a su núcleo más cercano, acusados de lavado de dinero. Preanunció lo que será un trabado proceso que puso como norte unos ocho meses de trámite, lo que lo deja con posibilidad de sentencia en el segundo semestre de 2019. La mayor parte de los abogados de los 25 imputados dispuestos en el formato de hemiciclo de la Sala AMIA la más grande de los tribunales federales de Comodoro Py- solicitaron (por diversos motivos) que el juicio no continúe hasta tanto se cumplan un amplio abanico de requisitos. El Tribunal Oral Federal N°4 difirió su decisión (seguramente negativa) para la próxima audiencia, prevista recién para la semana que viene.
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Báez ingresó a primera hora de la mañana desde el penal de Ezeiza y se sentó junto a su hijo Martín, también enjuiciado. Unas filas más atrás, Leandro, Melina y Luciana (sus otros hijos) ocuparon sus sillas. Al fondo del salón, contra el blindex, se ubicó el valijero Leonardo Fariña que deberá esperar el epílogo del juicio para conocer si el tribunal valora su aporte como imputado colaborador y accede a una eventual reducción de condena tras su arrepentimiento. El exdueño de la Rosadita, Federico Elaskar; los exdirectivos de la financiera SGI, el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín y su abogado Jorge Chueco; el titular de Austral Construcciones, Julio Mendoza; el empresario Carlos Molinari y Fabián Rossi, el exmarido de Ileana Calabró, entre otros. A todo ello, se suma la actuación de tres querellas encabezadas por la Unidad de Información Financiera, la AFIP y la Oficina Anticorrupción, además de la fiscalía a cargo de Abel Córdoba.
La tediosa primera jornada (idéntica a la de cualquier juicio) consistió en la lectura del requerimiento de elevación, tras la investigación del juez Sebastián Casanello. Se lo acusó a Báez como cabeza familiar y de su conglomerado empresario de "haber montado una estructura jurídica, societaria, y bancaria en Argentina y en el extranjero con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita" para darle apariencia de lícitos en el circuito económico formal, entre los años 2010 y 2013.
Pese a la profusa cantidad de propiedades incautadas a Báez y a s patrimonio calculado en $3.000 millones, el juicio se centra en sólo tres hechos calificados como lavado: 1) el reingreso al país de u$s32.800.000 a través de la colocación de bonos del tesoro en las cuentas de Austral Construcciones; 2) el origen de los u$s5.100.000 que eran contados por Martín Báez en SGI, cuya difusión del video de una cámara que seguridad que lo ilustraba aceleró la causa contra el empresario; 3) y el financiamiento del casamiento de Fariña con la modelo Karina Jelinek, además de la compra de un campo en Mendoza y de terrenos, además de una serie de vehículos de alta gama y un departamento en avenida Libertador. Báez se desliga de todo lo relacionado a este punto y argumenta que los 5 millones de dólares fueron a consecuencia de una operación inmobiliaria declarada.
La defensa de Báez cuestionó que no estuvieran vinculadas las empresas en el auto de elevación como prescribe la ley de lavado de dinero y pidió anulación de todo el procedimiento. Solicitó también la unificación de las querellas y recusó al cuarto juez (encargado de suplantar a alguno de los tres titulares), Rodrigo Giménez Uriburu porque es uno de los magistrados que deben encabezar el proceso por la causa Vialidad, en febrero próximo. Dato: en este expediente no se identificó el delito precedente en la obra pública porque eso se juzga en el presunto direccionamiento a favor del empresario de las obras en Santa Cruz, ni tampoco se confirmó la utilización de una usina de facturas truchas en Bahía Blanca, hipótesis inicial que tuvo la investigación de Casanello. Entre adhesiones y cuestiones agregadas, los abogados de los Pérez Gadín argumentaron que acababan de asumir sus defensas y pidieron 20 días para "estudiar" el caso. Otros hicieron presentaciones más originales, como la ausencia de respuesta a exhortos internacionales que están pendientes. A este caso le queda un asunto rezagado: Casanello debe definir la situación procesal de Cristina de Kirchner, cuya indagatoria fue forzada por la Cámara Federal ante la insistencia de la UIF.
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