Ganancias: se resuelve este mes cómo pagará la Justicia el impuesto

JUECES Y SECRETARIOS DEBEN TRIBUTAR A PARTIR DE LOS CAMBIOS DE ESTE AÑO - Eran el único sector que quedaba exento. En mayo se nombrarán los primeros 30 cargos con funcionarios que deberán tributar. No tendrán quitas salariales y no se aplicará a los que ya trabajaban en la Justicia.

Ricardo Lorenzetti y Mauricio Macri

Vencidos los plazos para las presentaciones del ejercicio 2016, los cambios de Ganancias versión 2017 ya alcanzan a todos. No sólo los contribuyentes ya deben pensar en la forma en que se presentarán las declaraciones juradas de este año (que deben concretarse en abril del próximo año); sino que las modificaciones alcanzarán al sector, hasta ahora, más protegido (por sí mismo) de todo el sistema impositivo argentino: la Justicia.

El alcance de Ganancias para este rubro tributario ya comenzó de manera simbólica cuando Cambiemos nombró a Agustín Cinto como nuevo administra dor general de Poder Judicial. Cinto, un dirigente del PRO que hasta su llegada al cargo era secretario de coordinación de Gestión y Modernización de Mar del Plata pasó a la historia como el primer funcionario dependiente del Poder Judicial al que se le liquidó el Impuesto a las Ganancias de su sueldo en relación de dependencia. Sin embargo el cambio más grande comenzará este mes; cuando el Senado comience a resolver la suerte de unos 30 nuevos jueces y secretarios que tiene en carpeta, en la saga de nombramientos más importantes para la Justicia desde que Mauricio Macri llegó al poder.

Todos estos nuevos hombres del Poder Judicial pagarán ganancias y no tendrán derecho a la queja ya que la modificación fue ya negociada casi de manera personal entre el Presidente y el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti. Sin embargo hay dos cuestiones clave para reglamentar, las que deberán ser aplicadas con cuidado si el Gobierno quiere que no naufraguen las modificaciones. Por enojo de los jueces.

La idea del oficialismo es que para que no haya problemas en la implementación de la norma, el Gobierno haga dos concesiones consideradas clave para que la "familia judicial" acepte sin más este cambio revolucionario.

La primera cuestión es que sólo tributen los nuevos representantes que ingresen al Poder Judicial, como el caso de Cinto, pero queden liberados los funcionarios que vayan ascendiendo por nuevos nombramientos pero que provengan de las mismas filas judiciales. Para estos se considerará que hay un derecho adquirido que no puede vulnerarse. Similar al que se les otorga a los jueces que ya eran nombrados antes de la reforma constitucional del 94 y que obliga a los magistrados de más de 75 años a jubilarse.

La segunda cuestión que tiene en mente el Gobierno es que el salario nominal de la Justicia aumente lo suficiente como para que los nuevos integrantes de la Justicia tengan una retri bución igual a la de sus antecesores para que no se pierda poder adquisitivo. Esto obliga-ría a aumentos salariales en bruto lo suficientemente am plios como para que no haya pérdida de la capacidad de compra en los sueldos de todos los integrantes de la Justicia, hayan sido o no nombrados luego de los cambios de Ganancias que operan desde este año. De esta manera, curiosamente, las modificaciones de Ganancias, al menos en la Justicia, generarán para el Ministerio de Hacienda un aumento extra en los costos fiscales. Si bien ingresará más dinero porque los jueces pagarán un impuesto del que estaban exentos, el mismo dinero se gastará con las alzas salariales. En otras palabras, lo que ingrese por un lado se gastará más del otro. Sin embargo para el Gobierno es importante aplicar igual el cambio para terminar con la inequidad impositiva de que el Poder Judicial no pague el tributo, en una modificación que, en realidad, comenzará a tener pequeños aportes fiscales con el tiempo.

La decisión de incluir a los jueces en Ganancia fue tomada por el Congreso Nacional en diciembre del año pasado, cuando el Poder Legislativo modificó toda la reglamentación del impuesto para los trabajadores en relación de dependencia. La norma quedó además firme ese mismo mes cuando la Corte Suprema emitió un comunicado aclarando que desde este mismo año "todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores y magistrados que estén en funciones no pagarán el impuesto" mientras que sí "estarán obligados" a hacerlo quienes ingresen a partir del año próximo y que "se trata de un informe realizado ante consultas recibidas, sin que implique emitir opinión sobre la conveniencia o cualquier otro aspecto sobre el tema".

"Interpretada estrictamente, excluía a los fiscales, defensores, empleados y funcionarios. La consecuencia es que pagarían el Impuesto a las Ganancias no solo quienes ingresen a partir de 2017, sino todos los que ya están en funciones: empleados, funcionarios, fiscales, defensores, jubilados".