Giro: Tabaré impulsa declarar inconstitucional ley de amnistía

Tabaré Vázquez

Montevideo - En un cambio de postura que podría significar un hito en el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos en Uruguay, el Gobierno de Tabaré Vázquez se pronunció ayer judicialmente a favor de la inconstitucionalidad de la llamada Ley de Caducidad aprobada en 1986, que evitó los procesos por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar (1973-1985).
La norma «viola flagrantemente el artículo 8 de la Constitución que expresa que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y compartimos todos los argumentos para calificarla de inconstitucional», subrayó el vicepresidente uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.
Una nota remitida a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, argumentó el planteo de inconstitucionalidad realizado por la Fiscalía respecto de tres artículos de la ley aprobada hace 23 años y ratificada en consulta popular en 1989.
El dictamen fue cursado en el marco de una acción judicial emprendida por la fiscal Mirtha Guianze, dirigida a habilitar la investigación de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974 en una unidad militar.
Nin Novoa sostuvo que la Ley de Caducidad «tiene la particularidad de colocar al Poder Ejecutivo como dueño de la llave que habilita a que los delitos cometidos por militares y policías durante el régimen de facto sean juzgados, en la medida que entienda si están comprendidos o no» en la amnistía.
Empero, advirtió que la polémica ley «tiene otras connotaciones», como ser «una de las pocas leyes en el ordenamiento jurídico uruguayo que está ratificada por un plebiscito constitucional».
Por su lado, el presidente Vázquez, quien había reiterado durante su mandato la decisión de mantener vigente la norma, aseveró el lunes en la reunión de gabinete que «para este Poder Ejecutivo la Ley de Caducidad es inconstitucional».
La determinación se conoció en momentos en que organizaciones sociales y sindicales llevan recolectadas unas 200.000 firmas para convocar a un plebiscito que permita anular la norma. Sin perjuicio del dictamen del Ejecutivo, la decisión final quedará en manos de los cinco ministros de la SCJ.
La misma será comunicada al Parlamento, que como órgano soberano, no está obligado a acatar la determinación judicial.
Disyuntiva
Entre las disyuntivas a resolver se encuentra que la posición de Guianze se contrapone con la del fiscal de Corte, Rafael Ubiría, quien sostiene que para sustanciar la excepción de inconstitucionalidad se requiere la presencia de una contraparte en el proceso, la cual no existe en la causa promovida por su colega.
El Gobierno de Vázquez, primero de izquierda en la historia del país, excluyó varios casos de desaparecidos del amparo de la norma, permitiendo investigar lo sucedido. En ese marco, hay nueve ex militares y policías procesados con prisión, así como los ex dictadores Gregorio Álvarez (1981-1985) y Juan María Bordaberry (1973-1976), y su ex canciller Juan Carlos Blanco.
Agencias EFE y AFP