Gobierno apronta versión propia del Código Penal

Creada por Macri en febrero, aprobó el articulado general. Ahora analizará el detalle para ser presentado en 2018.

El Gobierno dio la puntada final para la finalización de su propia versión de anteproyecto de reforma del Código Penal. Mariano Borinsky, camarista de Casación Penal Federal y designado por el oficialismo presidente de la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto, encabezó una reunión de la Comisión en el Ministerio de Justicia donde dio por terminada la revisión de la parte general del nuevo texto, que reflota el intento del kirchnerismo de reformar el compendio de penas por delitos penales, pero con su propia impronta. Por un lado se terminó de analizar la estructura formal, que apunta a mantener el articulado tradicional en los temas y tipos penales relevantes, para facilitar la adopción del nuevo texto por jueces y fiscales, en atención a que serán estos últimos los que lo apliquen bajo el sistema acusatorio. También dio por concluido el examen de su contenido jurídico, tras someterlo a un análisis de derecho comparado con otros modelos, afirmaron fuentes oficiales. Así, solo se ajustarán detalles para que durante 2018 sea elevado al Poder Ejecutivo y luego debatido en el Congreso, trámite para nada sencillo para este tipo de iniciativas.

Antes de fin de año, los especialistas que trabajan en su redacción culminarán con el análisis específico de algunos apartados que contienen inclusión de delitos "nuevos", modificación y equilibrio de las penas y adaptación para su mejor aplicabilidad. El 27 cerrarán el proceso que comenzó en febrero pasado cuando Mauricio Macri reflotó la intención de cambios en el Código. Extinción de la acción penal en casos como estafa fueron de los últimos ítems en ser revisados por los juristas que han trabajado coordinados por Borinsky. Además, se buscó que no tenga posibles colisiones con los códigos procesales a nivel de las provincias, que podrían ocasionar divergencias de criterio para los jueces que deben aplicar las penas. La adopción de criterios de "oportunidad" en materia penal permite a los tribunales dedicar la mayor parte de sus recursos a la persecución de los delitos más complejos o más graves, informaron. Esto significa que habrá cuestiones que no formen parte de los casos a ser investigados dado que no representan una amenaza, y para concentrar recursos en casos más relevantes.

De la comisión participó el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista, Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer.

También participan los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache.