Gobierno con los 129 votos para el plan anticrisis

Nada le sobra hoy al kirchnerismo en la Cámara de Diputados para aprobar el megaplán anticrisis enviado por Cristina de Kirchner al Congreso. El oficialista bloque del Frente para la Victoria carece de sus tradicionales aliados y asegura que cuenta con 140 votos, sólo diez más de los necesarios para votar la ley más importante del año para la Casa Rosada.
Tras el éxodo de ocho diputados peronistas liderados por Felipe Solá, el oficialismo redujo su poder de voto a 119 legisladores incondicionales. Por eso, para la crucial sesión de hoy, el jefe de los diputados kirchneristas, Agustín Rossi, debió realizar frenéticas negociaciones para conseguir un piso de 129 diputados que le aseguren el quórum y otra docena que le garantice la aprobación del megaplán, que incluye una serie de medidas en materia laboral, tributaria y de blanqueo de capitales para enfrentar los posibles impactos de la crisis internacional en el empleo y la actividad económica.
Aliados tradicionales del gobierno, en votaciones como la estatización de las AFJP o la expropiación de Aerolíneas Argentinas, como los ex aristas de Eduardo Macaluse, el economista de la CTA, Claudio Lozano, y el socialismo, esta vez anticiparon que votarían en contra del proyecto kirchnerista disconformes, entre otras cosas, con el plan de repatriación de capitales.
Para la oposición, pese a las mejoras introducidas para compatibilizar el texto del proyecto con la ley de prevención de lavado de dinero, el blanqueo de capitales no sólo abre la puerta a negocios non sanctos como el narcotráfico, sino que también es moralmente inadmisible al premiar a aquellas personas físicas o jurídicas que fugaron sus ganancias del país.
Ese debate también existió dentro del bloque kirchnerista y por eso Rossi debió notificar a la Casa Rosada del malestar existente en su bloque. Desde Olivos, Néstor Kirchner, como jefe del gobernante PJ, también intercedió para modificar la ley y ordenar que se buscara el apoyo del Movimiento Popular Neuquino del neoperonista Jorge Sapag, los diputados del Frente Cívico del radical K, Gerardo Zamora, y hasta los legisladores del ARI de Tierra del Fuego, que responden a Fabiana Ríos.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo 15 días atrás recibió dictamen el jueves pasado en un plenario de comisiones de Presupuesto y Legislación Laboral de la Cámara baja.
«Estamos confiados en que vamos a tener el número de diputados necesario para acompañar el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo», dijo ayer Rossi. Desde su despacho, arriesgaban que el oficialismo conseguiría unos 140 votos con la ayuda de los neuquinos, los santiagueños y los radicales K del bloque de la Concertación.
Al detallar los alcances del proyecto, Rossi explicó que no se trata de un paquete de medidas aislado, sino que «está inscripto en un conjunto de medidas elaboradas por el Poder Ejecutivo para paliar los efectos de la crisis internacional» generada en Estados Unidos.
«No se puede analizar este paquete de medidas sin tener en cuenta la coyuntura internacional y el conjunto de medidas económicas anunciadas por la presidente Cristina de Kirchner, el jueves pasado», señaló el titular de la bancada oficialista.
El proyecto consta de tres capítulos, el primero de Regularización de Tributos y Recursos de la Seguridad Social; el segundo, de Régimen Especial de Regularización del Empleo No Registrado con Prioridad en Pymes; y el tercero dedicado a la repatriación de capitales.
Para explicar los alcances de las medidas, el martes concurrieron a la Cámara de Diputados el ministro de Trabajo, Carlos Tomada; y el titular de la AFIP, Claudio Moroni; y el jueves asistió la titular de la Unidad de Investigación Financiera (UFI), Rosa Falduto, para hablar del capítulo de blanqueo de capitales.
El texto recibió una serie de modificaciones acordadas por las autoridades de las comisiones de Presupuesto y de Legislación Laboral, y los funcionarios que participaron en la elaboración del proyecto. Uno de los cambios tiene que ver con el artículo 32, donde se sostiene que «los sujetos que efectúen la exteriorización no deberán informar a la AFIP, sin perjuicio del resto de las obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con los que fueran adquiridas».
Si bien reclamaban cambios al proyecto, la mayoría de los bloques de la oposición anticiparon que se opondrán al proyecto y cuestionaron la decisión del oficialismo de negarse a convocar a más invitados a la comisión y a separar en tres proyectos las diferentes temáticas del texto.
La UCR, por su parte, ya anticipó que elaborará un dictamen de minoría con una redacción que difiere del proyecto oficialista, en tanto que el resto de los bloques opositores definirían en las próximas horas si se sumarán a este dictamen o si lo harán individualmente.