Gobierno ya estudia pliegos para fiscal anticorrupción

Alejandra Gils Carbó

La procuradora general Alejandra Gils Carbó giró al Gobierno la terna de candidatos para definir la puja por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Es una oficina clave, especialmente por las causas de alto voltaje político que tramitan allí. Su último titular fue el actual diputado de la UCR Manuel Garrido, quien en 2009 había renunciado con fuertes críticas al por entonces procurador Esteban Righi. Se trata de uno de los capítulos finales de una contienda que involucró desde figuras encumbradas del fuero federal hasta abogados con roles determinantes en megacausas.

Garrido, quien previamente se había desempeñado en la oficina anticorrupción, se fue de la FIA con un escrito de veinte páginas en el cual señaló duros cuestionamientos a las decisiones de Righi de limitar las funciones de dicha oficina al momento de instruir investigaciones. Críticas que, al menos en ese entonces, Gils Carbó también compartía.

"El cambio de rumbo que ahora se viene a consagrar -dijo en referencia a la resolución de Righi- deja mi gestión al garete, condenando a la FIA a un rol casi intrascendente que no se condice con las capacidades con que se la dotó a costa de los contribuyentes", expresaba el escrito.

La terna elevada a Balcarce 50 -y que deberá contar con acuerdo del Senado- lleva en primer lugar al juez de los tribunales criminales de Tierra del Fuego Eugenio Sarrabayrouse, luego el abogado Maximiliano Rusconi (que actualmente defiende a Carlos Menem en la causa el supuesto contrabando de armas) y, finalmente, Sergio Rodríguez, actual funcionario en la ANSES.

El pasado jueves por la tarde, en la Procuración, todas las apuestas daban por ganador a Sarrabayrouse no sólo por su experiencia laboral en la Justicia provincial, sino también por su nivel académico que lo ha llevado a realizar diversas especializaciones en Alemania y en España.

Por su parte, Rusconi cuenta con la particularidad de ya haber integrado el ministerio público (fue fiscal de delitos tributarios) y haber dado el portazo con quejas y reclamos similares a los planteados por Garrido.

Luego de la salida del actual legislador, el cargo fue subrogado por el fiscal Felipe Noailles y si bien éste tenía aspiraciones para retener el despacho al momento del concurso, su puntaje le jugó en contra.

En el concurso habían participado el actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Germán Garavano, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Sabrina Namer, quien por estos días se desempeña en el juicio oral por los supuestos sobornos en el Senado durante el último Gobierno de la UCR. Un detalle un tanto incómodo: previamente se había habilitado otro concurso, pero Righi debió declararlo desierto, ya que ninguno de los postulantes había logrado el puntaje mínimo requerido.

No es un caso aislado y en el ámbito de los tribunales la excusa habitual suele ser la falta de tiempo para dedicarse al estudio.

La puja por el cargo tuvo una particularidad: el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni actuó como "evaluador invitado" y debió revisar los exámenes de los postulantes.

Todavía es una incógnita el rol que Gils Carbó planea darle a la fiscalía anticurrupción aunque al principio de su gestión se especulaba con que esta dependencia recuperara atribuciones especialmente al momento de instruir investigaciones referidas al sector público. Una visión que tiene adeptos en Comodoro Py, puntualmente entre los jueces y fiscales que apoyan la implementación de un sistema acusatorio que transfiera mayor poder de acción al ministerio público.