2 de abril 2014 - 00:00

“Hay que discutir colisión de derechos”

Alberto Sileoni
Alberto Sileoni
Tras el acuerdo paritario sellado el lunes con los sindicatos docentes con representación federal, el ministro de Educación nacional, Alberto Sileoni, consideró ayer que debe darse "una discusión con los gremios y la sociedad" respecto de "la colisión de derechos" frente a los reclamos salariales de los maestros, porque "no hay derecho mayor a que los chicos estén en clase".

El funcionario de Cristina de Kirchner fue consultado respecto de la pretensión del Gobierno de Daniel Scioli -amplificada por su vice, Gabriel Mariotto- de impulsar un proyecto de ley para declarar a la educación como "servicio público esencial" y, así, moderar el impacto de las huelgas del sector.

"No sé si específicamente (declarar) la educación como servicio esencial; sí poner la discusión sobre la colisión de derechos", dijo el ministro. En esa línea, enfatizó respecto de la iniciativa "que hay que escuchar con mucha atención, por su objetivo y por lo que persigue".

Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron a este diario que la cartera de Educación no tiene en agenda, al menos por el momento, el impulso de una iniciativa de esas características a nivel nacional.

"La suspensión de la educación, aún en virtud de legítimos reclamos de los docentes, es en sí misma una vulneración al mismo derecho que el reclamo dice custodiar", dijo Mariotto el pasado 12 de marzo al hacer público el proyecto, cuando el virulento paro del Frente Gremial y de UDOCBA cumplía recién ocho días consecutivos.

Un día después, las declaraciones recibieron el respaldo institucional del Gobierno de Scioli. "El proyecto de ley que está presentando nuestro vicegobernador es un proyecto de nuestro Gobierno", remarcó el jefe de Gabinete, Alberto Pérez.

En esa línea, Pérez anticipó que se buscará con esa norma derogar "una ley del exgobernador Felipe Solá, hoy diputado del Frente Renovador, que le quitó la calidad de servicio esencial a la educación".

Pero la ingeniería para proteger el dictado de clases -que contempla por caso la aplicación de "guardias mínimas" para menguar el impacto de la medida de fuerza- avanza a ritmo más fuerte en Córdoba.

Allí el pasado 14 de marzo, legisladores alineados con el mandatario del peronismo crítico José Manuel de la Sota presentaron un proyecto para garantizar la prestación de servicios "esenciales", con "guardias mínimas", en los sectores de la salud, la seguridad, la Justicia, el transporte, la higiene urbana y la educación.

En sintonía, en Misiones, la diputada renovadora Noelia Leyría presentó un proyecto de reforma de la Constitución local para consagrar a la educación como servicio esencial.

Hay además antecedentes en la materia en la provincia. Por caso, entró en vigencia en Neuquén en 2010 -tras 32 días de huelga- un decreto del gobernador Jorge Sapag (respaldado luego por la Legislatura) que define a la educación como servicio público esencial y determina la obligatoriedad de guardias mínimas de al menos un 50% del personal para el dictado de clases en caso de medidas de fuerza.

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