Impuesto le complica el fin de año al Gobierno

Carlos Verna, Miguel Pichetto

La sesión prevista en el Senado para el próximo miércoles tenía todos los elementos para garantizarle al Gobierno y legisladores un suave paso a las vacaciones tras aprobar los acuerdos para ascensos de militares, diplomáticos y jueces y la prórroga de la vigencia del impuesto adicional sobre el precio de los cigarrillos.

Pero, como siempre, el diablo está en los detalles, aunque en este caso ellos no sean una cuestión tan mínima. En la última sesión del Senado, cuando el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Eric Calcagno, intentó aprobar la prórroga del impuesto se encontró con una advertencia del pampeano Carlos Verna, por estos tiempos aliado del kirchnerismo en algunas votaciones.

Verna le recordó que tal como fue votada la prórroga del impuesto en Diputados (por 125 votos positivos, es decir sin la mayoría calificada de 129 votos positivos que exige la Constitución nacional para la creación de impuestos cuya recaudación tenga una asignación específica) el tributo deberá ser enteramente coparticipable. La Nación, entonces, perderá más del 55% de la recaudación que pasará a manos de las provincias. Como resultado, el proyecto quedó en suspenso, no se votó en ese momento y tampoco al final de la sesión.

Eso es lo que dice la Constitución, pero el kirchnerismo alega que ese precepto sólo rige para la creación de asignaciones específicas y no para su renovación. Es el principio que sostendrá Miguel Pichetto a riesgo de hacer caer la última sesión del año.

Esta semana la discusión siguió en el Senado en preparación para la votación del próximo miércoles. Las provincias insistirán en que quede claro durante el debate, no en la redacción del proyecto ya que si existieran modificaciones no se convertiría en ley, que a partir de la sanción el impuesto adicional sobre los cigarrillos pasará a distribuirse de acuerdo con los índices de coparticipación.

La ausencia del impuesto adicional sobre los cigarrillos le significaría al Gobierno una pérdida de recaudación de $ 815 millones, siempre que se mantenga la tasa a 7 puntos. Si el Gobierno hiciera uso de la facultad para modificarla a 21, el número subiría a $ 2.440 millones.

Esto siempre que no se prorrogue; pero si se vota en las actuales condiciones y no prima la interpretación oficial el Gobierno perderá unos $ 500 millones en manos de las provincias.