El Senado aprobó ayer por unanimidad un proyecto que obliga al Estado a indemnizar a las víctimas del atentado contra la AMIA, que beneficiará a los familiares de las 85 víctimas fatales, y a unas 150 personas que resultaron heridas en el ataque del 18 de julio de 1994.
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Así, el Congreso reabrió sus puertas tras una parálisis provocada por la campaña electoral y ahora el proyecto deberá ser tratado la semana próxima por la Cámara de Diputados, en lo que será -si se realiza- la última sesión antes de los comicios del 28 de junio. Ayer, el miembro informante fue el titular de la Comisión de Legislación General, el entrerriano kirchnerista Pedro Guastavino, quien justificó la iniciativa basado en que el Estado Argentino admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad por no adoptar medidas de prevención suficientes para evitar ese atentado.
Los derechohabientes de los fallecidos percibirán alrededor de un millón de pesos, en tanto quienes sufrieron heridas gravísimas cobrarán un 30 por ciento menos, y los heridos graves el 40 por ciento menos. Quienes aspiren a cobrar deberán renunciar a toda causa civil de resarcimiento que hubieran iniciado en la Justicia contra el Estado Nacional, y desistir de iniciar otras en el futuro, aunque podrán realizar acciones penales. Este proyecto es una derivación de la presentación que los familiares de las víctimas iniciaron en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que citó al Gobierno argentino a una audiencia que tuvo lugar el 4 de marzo de 2005, iniciándose un proceso en busca de una «solución amistosa». Además, el Senado completó su conformación con la asunción del kirchnerista santacruceño Jorge Banicevich, quien reemplaza a su comprovinciana Judit Forstmann, fallecida en un accidente automovilístico el 11 de abril pasado en su provincia.
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