La Justicia aceptó la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra el presidente de la entidad y otras nueve personas por un supuesto fraude para obtener ventajas tributarias en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), departamento del fisco encargado de sancionar a los evasores.
Los magistrados sospechan que el banco contrató a un estudio de abogados para sobornar a funcionarios del CARF y reducir o evitar el pago de multas impuestas por el órgano.
La Policía, en un informe presentado a fines de mayo, resaltó que el titular de Bradesco fue informado por sus subordinados de las acciones ilícitas realizadas en la corte de sanciones tributarias.
El banco reiteró ayer, a través de un comunicado, que "ninguna ilegalidad fue practicada por sus representantes" y señaló que "presentará oportunamente sus argumentos al Poder Judicial".
El caso se enmarca en la llamada operación "Zelotes", que desde el año pasado investiga supuestas irregularidades en el CARF.
De acuerdo con las pesquisas, algunos funcionarios del CARF pasaban información privilegiada a estudios legales y consultorías, los que buscaban a empresas multadas y prometían controlar los juicios realizados por ese departamento.
El caso salpicó a grandes empresas de diversos sectores, entre ellas el grupo metalúrgico Gerdau, uno de los mayores del mundo.
Para peor, Bradesco informó ayer que obtuvo en el primer semestre del año un beneficio neto de 8.255 millones de reales (unos 2.524 millones de dólares), lo que supuso una caída del 5,3% frente al mismo período del año anterior.
En el segundo trimestre del año el lucro de la entidad fue de 4.134 millones de reales (unos 1.264 millones de dólares), un 7,6% menos frente al mismo trimestre de 2015, informó el banco.
En ese sentido, la entidad decidió elevar sus provisiones por préstamos impagos más rápido que lo estimado previamente, una señal de que la peor recesión en ocho décadas y una lluvia de solicitudes de refinanciamiento están pesando sobre el gigante financiero.
Bradesco, con sede en la ciudad de Osasco, elevó su orientación anual para provisiones a entre 18.000 millones de reales y 20.000 millones de reales (5.520 millones de dólares y 6.140 millones de dólares), más que la estimación previa de entre 16.500 millones de reales y 18.500 millones de reales.
| Agencias EFE y Reuters |
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