Jueces resisten jugada para entregar investigaciones por aportes falsos de Cambiemos

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Previsible, y en duros términos, el juez federal Ernesto Kreplak se sumó a su par Sebastián Casanello y rechazó entregar su investigación sobre los supuestos aportantes falsos a la campaña de Cambiemos a la Justicia electoral. En una resolución en la que cuestionó la intención del magistrado Adolfo Ziulu, señaló que se investigan una serie de delitos penales que habrían sido cometidos en caso de comprobarse que se falsearon afiliaciones de beneficiarios de planes sociales para hacerlos pasar como aportantes financieros de la campaña legislativa de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Y no sólo cuestionó la intención de encapsular los expedientes como infracciones al Código Electoral (como sugirió el juez Adolfo Ziulu), sino que insistió con que si no cesa el intento de agrupar expedientes, será la Cámara Federal de La Plata la que defina y no la Cámara Nacional Electoral, como había planteado Ziulu.

El interrogante es si esto suma o no un dolor de cabeza al oficialismo y puntualmente a la gobernadora María Eugenia Vidal. En concreto, las investigaciones penales en Comodoro Py (Casanello) y en La Plata (Kreplak) profundizan delitos federales como falsificación de documento público -por las afiliaciones falsas al PRO- y lavado de dinero. Son delitos graves y por ello fue sugestivo que apenas el fiscal electoral Jorge Di Lello (pionero en investigar la denuncia periodística que originó el caso) giró a la Justicia platense el expediente, el procurador interino Eduardo Casal removió al fiscal actuante y lo reemplazó por otro que solicitó la unificación de todos los casos. El primer impulso es pensar que la juzgada de fusionar todos los casos desactivaría un problema para la Casa Rosada. Sin embargo, también es cierto que la Justicia electoral evaluará el incumplimiento a la ley de financiamiento de los partidos políticos, cuya sanción es la inhabilitación como candidato de los responsables económicos y financieros, pero también de las autoridades partidarias. Vidal es la presidenta del PRO a nivel provincial y una eventual sanción la ralearía de competir para cualquier cargo en 2019.

Sin embargo, tal como lo había hecho Casanello, su par Kreplak rechazó desprenderse del caso bajo análisis y cuestionó que Ziulu le hubiera pedido la "inhibitoria". Explicó que no necesariamente se deberían probar primero delitos electorales para luego pasar a los que serían de responsabilidad penal, sino que podrían avanzar por separado.

Agregó que en su investigación se dispusieron diversas medidas de prueba orientadas a corroborar si efectivamente se utilizaron irregularmente datos de personas para hacerlas figurar como aportantes a la campaña electoral y o como afiliadas al partido PRO. Luego, se adoptaron medidas tendientes a verificar de qué fuente pudieron haberse obtenido esos datos, así como el origen de los fondos que se pretendió hacer aparecer como aportados por quienes no lo hicieron. Kreplak dedicó un párrafo para corregir la intención de Ziulu de que si se oponían a entregarle las investigaciones, el asunto fuese resuelto por la Cámara Nacional Electoral. Por el contrario aseguró que la Justicia federal de La Plata debe intervenir por ser la que actuó en primera instancia. El titular del Juzgado Federal 3 aclaró además que investiga delitos "ajenos en principio a la legislación específicamente electoral", a contramano de lo que planteó el recién llegado fiscal Guillermo Ferrara, que ocupaba la faceta civil y pasó a encargarse también de la Secretaría Electoral.

El pedido de inhibitoria se inició mediante una presentación de los apoderados del PRO, en cabeza del también Secretario de Legal y Técnica de la Nación, Pablo Clusellas. Ferrara y Ziulu acompañaron el requerimiento para unificar todo como infracciones electorales. Incluso cosecharon el apoyo del fiscal Carlos Stornelli quien en un principio sostuvo que Casanello tenía que investigar lavado de dinero pero después mutó su actitud y avaló desprenderse del expediente. Pero Casanello lo rechazó e indicó que el conflicto debería ser resuelto por la Corte Suprema, superior de ambas jurisdicciones, la penal y la electoral. La fiscal platense Ana Russo se expresó en sintonía y permitió a Kreplak responder con un duro fallo.

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