Juez pide declaración de Michetti e investiga a fundaciones del PRO

Solicitó la documentación a la Oficina Anticorrupción sobre los períodos 2014 y 2015. Además requirió a la IGJ balances y registros de SUMA, junto a otras cuatro ONG de dirigentes macristas.

Plata robada. El juez Ariel Lijo quiere ver la declaración jurada de bienes de Gabriela Michetti dentro de la investigación por el robo en su casa.

 El juez federal Ariel Lijo activó la causa penal contra la vicepresidente Gabriela Michetti y solicitó ayer sus declaraciones juradas como primer paso en la investigación por el origen del dinero que fue robado de su domicilio. El magistrado apuntó a los períodos 2014 y 2015 de la documentación en poder de la Oficina Anticorrupción, a la vez que libró oficios a la AFIP para que le remita las declaraciones de bienes de la funcionaria imputada por el fiscal Guillermo Marijuan. A su vez, Lijo requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) todos los legajos societarios de la fundación SUMA, que quedó en el ojo de la tormenta por ser la vía por la que supuestamente eran canalizados los $200 mil sustraídos. A instancias de legisladores kirchneristas que se constituyeron como denunciantes, también solicitó información sobre otras tres ONG vinculadas al PRO.

Las vicisitudes para Michetti comenzaron con la difusión periodística del robo sufrido en su domicilio el pasado 22 de noviembre en el cual uno de sus custodios de la Policía Metropolitana fue acusado de ser el entregador. En el hecho se lo acusó de "hurto agravado" de $245 mil y de u$s50 mil que la vicepresidenta tenía guardados en su domicilio. Pero el jueves pasado se complicó más al ser imputada a raíz de la denuncia penal que formuló el abogado Leonardo Martínez Herrero, apuntalada por los diputados K Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié. Como informó Ámbito Financiero, esas presentaciones fueron ampliadas. Por un lado, se señalaron las contradicciones entre la versión oficial de la vice sobre esos fondos (que era para un curso de posgrado para su hijo en el exterior más dinero proveniente de donaciones) con las de su pareja, Juan Martín Tonelli, quien, en sede judicial, nunca hizo mención a los dólares y dijo que los pesos eran para ser donados. El martes se agregaron sospechas sobre SUMA a partir de que destinó fondos para el pago de empleados que nunca estuvieron registrados en la AFIP. Martínez Herrero puso la lupa sobre una posible vía de financiación de la actividad política de la exsenadora.

Pruebas

Lijo pidió además los legajos completos de las fundaciones SUMA y su lista de aportantes; "Fundar Seguridad y Justicia", cuyo titular es el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco; "Creer y Crecer", cuyo presidente es el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, imputado por enriquecimiento ilícito tras el escándalo de los Panama Papers, y que tampoco habría presentado las declaraciones juradas ante la IGJ; y "Formar", presidida por Guillermo Dietrich, titular de la cartera de Transporte, cuyos balances tampoco habrían sido aportados en el marco del cumplimiento de la normativa en materia de lavado de actos. Para ello, el juez libró los oficios a la AFIP y a la IGJ para que remitan los antecedentes registrales y constancias de esas fundaciones. Su nivel de cumplimiento con los organismos de control será crucial para derribar la acusación de que podrían ser pantallas de financiación política de los dirigentes del PRO. Lo mismo que la vía por la cual se canalizaron los aportes, que no podrían ser en efectivo sino a través de transferencias bancarias. Tonelli había dicho ante la Justicia que él mismo llevó al domicilio de Michetti $200 mil "para donar". Los denunciantes solicitaron que se lo convoque a declarar como testigo.

La semana pasada, el fiscal Marijuan imputó a Michetti por un posible delito de acción pública y le pidió al juez la realización de una serie de medidas que fueron ordenadas por el magistrado en sintonía con el pedido de los denunciantes. Michetti descartó cualquier irregularidad y reiteró la versión que había dado inicialmente sobre el origen del dinero robado, por el que uno de sus custodios tiene un pedido de juicio oral por parte de la fiscalía, en el marco de la causa que se instruye en el fuero ordinario.

Cabandié y Tailhade, en relación con la Fundación SUMA, "expresaron que la mayoría de los miembros del Gobierno integran o son autoridades de fundaciones que desarrollan tareas políticas de manera paralela a la que formalmente despliega el partido político PRO". Sostuvieron que "financian el funcionamiento del partido y sus principales dirigentes".