Mientras continúan las filtraciones a cuentagotas de parte de las escuchas entre el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, y la expresidente Cristina de Kirchner, el funcionario fue procesado ayer por "encubrimiento agravado" en la causa iniciada por la búsqueda del prófugo Ibar Esteban Pérez Corradi. El juez federal Ariel Lijo -quien fue recusado por ausencia de imparcialidad por parte del exSeñor 5- consideró que existe prueba de que la AFI conocía el paradero de quien fuera acusado como el ideólogo del triple crimen de General Rodríguez desde agosto de 2015.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El magistrado consideró que Parrilli, en su carácter de titular de la AFI, "ocultó los informes producidos por la Dirección de Contrainteligencia de ese organismo para colaborar a que el prófugo Pérez Corradi continuara eludiendo el accionar de la Justicia". Primero, Lijo rechazó la recusación presentada por Parrilli y avanzó en su procesamiento al que agravó su calificación por tratarse de un funcionario público y por encubrir un delito de más de tres años de prisión de mínima. También ordenó formular denuncia para que se investigue la presunta comisión de un delito de acción pública en virtud de la difusión de audios vinculados a las intervenciones telefónicas ordenadas en el marco del expediente. Justamente ayer, el extitular de la AFI presentó ante la Corte Suprema (quien tiene a su cargo las escuchas telefónicas) la exigencia para que se inicie un sumario debido a la filtración en los medios de una de las escuchas donde dialogaba con la exmandataria. Representado por el abogado Roberto Boico, cuestionó que la interceptación de su teléfono fue ordenada por Lijo "bajo modalidad de escucha directa, utilizable, como bien sabe el tribunal, para casos de secuestro extorsivo y afectaciones a la vida de las personas y no para reconstruir eventos históricos pasados". Y se dirigió al presidente del máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, para exigirle que "se inicien actuaciones sumariales tendientes a dilucidar los responsables administrativos de la filtración de las escuchas". Y pidió "que se apliquen las sanciones administrativas que correspondan".
Para definir el procesamiento, Lijo objetó que Parrilli no elevara el informe que daba cuenta de datos precisos sobre la ubicación de Pérez Corradi al Ministerio Público Fiscal que procuraba su captura desde hace cuatro años. A través de los oficios de fecha 25 y 31 de agosto de 2015, los titulares de la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes y de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 le encomendaron al entonces director de la Agencia Federal de Inteligencia colaboración para establecer el paradero de Pérez Corradi y efectivizar su captura.
Según la resolución, Parrilli designó a dos agentes del organismo que dirigía para el cumplimiento de esa medida, quienes con fecha 13 de noviembre de 2015 concluyeron un informe en el que corroboraban la información aportada por un testigo de identidad reservada, donde no sólo se había identificado a su mujer, Gladys Delgado, sino que además se había individualizado a una persona de características fisonómicas similares a las de Pérez Corradi. Lijo dijo que esos informes terminados el 19 de noviembre de 2015 nunca se aportaron hasta el 21 de enero de 2016. El Magistrado concluyó que de los cuarenta y cinco (45) códigos de seguridad asignados en noviembre, los únicos dos que no se ordenó su remisión fueron precisamente los que contenían datos concretos para dar con el paradero del prófugo. En declaraciones periodísticas, el juez desligó a Cristina de Kirchner de la investigación sobre la que dijo que no obtuvo pruebas de que hubiera participado del entorpecimiento de la búsqueda.
Dejá tu comentario