Keynesiano y peronista

La definición del ex presidente Kirchner respecto del programa económico del gobierno de su esposa resulta, ciertamente, interesante. La combinación de keynesianismo y peronismo no pudo haber sido más explícita. En efecto, Keynes mismo se reconocía como enemigo de la lucha de clases y se encargaba de aclarar que, si esa lucha finalmente llegaba a Gran Bretaña, a él lo encontrarían peleando en el ejército de su clase, que no era, precisamente, la de los trabajadores. Kirchner, pese a haber pronunciado dicha definición en el ámbito de un acto de la Central Obrera Oficial, junto a un líder de la clase trabajadora, puede vanagloriarse de lo mismo que su citado economista. Como todo peronista que se precie, él tampoco es partidario de la lucha de clases y, como todo conservador, al elevar tan extraordinariamente los costos del capital en la Argentina, no hace más que batallar del lado de los de su clase, como diría Keynes, la «burguesía educada».

Si se repasan los hechos estilizados del kirchnerismo de los últimos años, la secuencia a favor de encarecer la remuneración al capital y reducir, de esa manera, el precio del trabajo, ha sido extraordinaria.

Ya mencioné, en una nota anterior, el conjunto de desatinos que van en este sentido, y que incluyen desde la no renegociación integral de los contratos de las empresas privatizadas, hasta el default selectivo implícito en el cambio de metodología del cálculo del CER, pasando por la ausencia de una oferta seria a los holdouts, el desconocimiento de fallos en el CIADI, la deuda con el Club de París, el caso Aerolíneas, en donde el Ejecutivo firma acuerdos que la mayoría legislativa desconoce, y que luego termina desconociendo el propio Ejecutivo y, por supuesto, la frutilla del postre que ha significado, hasta que intervenga el Poder Judicial, la confiscación de los ahorros previsionales y la transformación de los ahorros jubilatorios en un impuesto para financiar gasto público.

Variable de ajuste

Todos estos actos del gobierno, por supuesto, han hecho que una inversión productiva en la Argentina exija una tasa de retorno mucho más elevada y un período de repago mucho menor que una similar en países de iguales características relativas. En ese contexto, como no podría ser de otra manera, y más allá de los discursos, la variable de ajuste es la remuneración al factor trabajo. Está claro, entonces, que el salario, medido en términos de la moneda internacional de referencia, el dólar, tiene que caer en la Argentina. Y tiene que caer más todavía de lo que caería en situación de «ajuste normal» a la nuevos precios relativos internacionales, por el «riesgo K» asociado al tipo de medidas comentadas. Pero como el gobierno se empeña en mantener el tipo de cambio relativamente «barato», con mecanismos de control específicos, este proceso de ajuste, en el sector privado, se hará a través de una combinación de reducciones nominales de salario, aumentos del desempleo, y/o reducción de los costos laborales por incremento de la economía informal, en especial en las pequeñas y medianas empresas. El sector público, en cambio, no ajusta ni por empleo, ni por baja de salario nominal, de manera que el sector privado tiene que pagar «doble ajuste», el propio, más el del sector público. Puesto en otros términos, la «lucha de clases» es entre asalariados del sector privado y asalariados del sector público. Y entre empresarios «amigos» receptores de gasto público y el «resto de los empresarios» receptores de gasto privado. De allí que los empresarios «no tan amigos» reclamen mayor participación en el gasto público, vía subsidios. Y los trabajadores privados hagan lo mismo, vía eliminación de la «tablita» de Machinea y otras mejoras impositivas.

Seriamente, entonces, con el fuerte incremento a los costos del capital y el control de cambios, el ajuste argentino es, claramente, « antikeynesiano» en origen y recesivo. La «puja distributiva» en este contexto se convierte en un intento del sector privado por aliviar algo el ajuste a la que obliga el sector público. Los asalariados y empresarios privados pidiendo más participación en la confiscación de ahorros y en los nuevos impuestos que cobra el Estado. Y el kirchnerismo «administrando» políticamente la puja. Nada más lejos del keynesianismo, nada más cerca de Keynes, en el fondo, como el K vernáculo, un lord.