Kirchnerismo habilita al Senado para limitar responsabilidad

Miguel Pichetto, Cristina de Kirchner y Elisa Carrió

Senado revivirá la semana próxima tras un mes de parálisis general. No es el mejor momento, lo reconocen los propios kirchneristas, para poner en funcionamiento el recinto. Hasta ahora Miguel Pichetto había logrado prolongar un receso de hecho que le evitó tener que habilitar en el recinto el debate por el pronunciamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la apelación argentina en la causa por los fondos buitre y alejó al mismo tiempo el ruido por la causa Ciccone.

En realidad el Senado debió haber sesionado hoy, pero hubo acuerdo general en postergar las vacaciones de hecho. Los viajes de legisladores, que se multiplican semana a semana, colaboraron con esa estrategia.

Pero ahora el retorno parece inevitable. El miércoles 2 de julio estaba prevista la visita del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, para brindar su informe mensual, algo que fue postergado (ver nota aparte).

Ese día desembarcará en el recinto un proyecto que el Gobierno apura desde el año pasado y que la oposición, casi por unanimidad rechaza: la ley que limita la responsabilidad civil del Estado. Es decir, la responsabilidad que por error u omisión puede caberles a funcionarios por daños provocados a particulares o a sus activos.

Ese proyecto había nacido como una compensación a la unificación y reforma de los códigos Civil y Comercial. En esa tarea que quedó congelada cuando Jorge Bergoglio se convirtió en el papa Francisco y la Iglesia pudo imponer modificaciones en el nuevo código que ni el kirchnerismo acepta. Como la oposición protestó por la eliminación del tratamiento de la responsabilidad del Estado en el nuevo Código, Cristina de Kirchner envió al Congreso otro proyecto, ya votado por Diputados, argumentando que metodologicamente la cuestión debía tratarse por afuera de la nueva codificación.

Así, el proyecto establece que las disposiciones del Código Civil no se pueden aplicar al Estado de "manera directa o subsidiaria".

Además, fija que "el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada".

Establece, también, que "la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los dos años".

Con ese texto toda la oposición multiplicó las protestas. Elisa Carrió alegó que sólo se intenta liberar a funcionarios de responsabilidad por sus actos y que, al mismo tiempo, el Estado se evita responder por daños, por ejemplo, provocados por concesionarias.