Kirchnerismo ratificó en Diputados los DNU de YPF

Agustín Rossi, escuchando al moyanista Héctor Recalde, logró aprobar la ratificación de los DNU de intervención de YPF y rechazar la creación de una bicameral para investigar el caso Ciccone.

El Gobierno logró ayer que Diputados ratificara los decretos de necesidad y urgencia que firmó Cristina de Kirchner para intervenir YPF y su división Gas y, al mismo tiempo, nombrar a Julio De Vido y a Axel Kicillof como interventores. Tal como se esperaba, esos decretos fueron aprobados exclusivamente por el voto kirchnerista más aliados. A diferencia de la votación de la ley de expropiación, esta vez ningún opositor apoyó los decretos, porque, básicamente, el desacuerdo siempre estuvo con el procedimiento que siguió el Gobierno, la intervención, y no con la expropiación en sí misma.

Los radicales objetaron, en realidad, la existencia misma de esos decretos argumentando que en ningún momento se reunieron las exigencias de necesidad y urgencia, dentro de los parámetros que fija la Constitución, para que Cristina de Kirchner avanzara en la intervención de la petrolera por decreto.

La votación de la ratificación, que cierra en Diputados el proceso que indica la Constitución para el control de los DNU (algo que siempre funciona como una venia ex-post del Congreso, cuya ausencia tampoco compromete la vigencia del decreto), fue a mano alzada y después de un debate que arrancó con una defensa de los decretos que corrió por cuenta de Jorge Landau: «La intervención cumplió con todos los requisitos legales», dijo y luego reconoció que «la expropiación recién se consolidará una vez pagado el precio justo».

Como presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo y miembro informante del oficialismo defendió la legalidad de los DNU: «No se han violado las formas. La intervención se hizo bajo una figura legal».

El primero en refutarlo fue el radical Juan Pedro Tunessi: «Las formas que utilizó el Gobierno no tienen nada que ver con la legalidad. No se puede intervenir una empresa privada con una ley y menos con una decisión del Ejecutivo. Los que defendemos la previsibilidad de las instituciones en la Argentina no estamos defendiendo a la derecha», dijo.

Por el Frente Amplio Progresista, Claudio Lozano fue terminante: «Acompañamos la idea de la expropiación, pero ahora no podemos acompañar la decisión de colocar como interventor a De Vido».

Durante cinco horas, los diputados debatieron la legalidad de los decretos. Otro radical, el mendocino Jorge Albarracín, siguió el mismo camino: «No está acreditado que sea correcto el uso de facultades legislativas en estos decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo», dijo para justificar el rechazo.

Desde el PRO, Federico Pinedo, siguió: «Lo que tenemos que resolver es si es bueno o malo para el futuro de los argentinos la intervención con un decreto de una empresa privada».

Poco después, Diputados aprobó un proyecto del santafesino Agustín Rossi para declarar feriado por única vez el 3 de febrero de 2013 en conmemoración de los doscientos años del combate de San Lorenzo, otro que declaró a Catamarca como Capital Nacional del Poncho y la ratificación de los acuerdos de levantamiento del secreto fiscal con Costa Rica, Andorra, Bahamas y San Marino.

Pero, como se esperaba, no hubo acuerdo del kirchnerismo para conformar una comisión de investigación y seguimiento del caso Ciccone-Boldt, en un procedimiento similar al que se vio en el Senado. El pedido de Ricardo Gil Lavedra fue desechado de plano por Rossi, como lo había hecho hace un mes Miguel Pichetto en el Senado.