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La crisis eléctrica fuerza a Chávez a tomar medidas cada vez más impopulares
Un centro comercial de Caracas, a oscuras. La crisis eléctrica en Venezuela obliga al Gobierno a aplicar impopulares medidas de racionamiento del servicio.
Las autoridades evalúan ajustar las tarifas eléctricas, congeladas por años, y reducir las ventas de electricidad a Brasil ante el fuerte déficit energético, dijo el ministro de Energía Eléctrica, Ángel Rodríguez.
Venezuela está sufriendo frecuentes y prolongados apagones por causa de una aguda sequía, algo que irrita a la población en un país que presenta la paradoja de ser uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, pero que depende en un 80% de la generación hidroeléctrica. En ese sentido, los críticos de Chávez acusan al Gobierno de imprevisión y de no haber hecho o promovido las inversiones necesarias en el sector.
Rodríguez dijo que el Gobierno está luchando para evitar que la prolongada sequía que afecta al país produzca un colapso en el embalse de Guri, que produce la mayor parte de la energía hidroeléctrica de la nación, según publicó el diario El Nacional.
«Sí, vamos a tomar algunas medidas con relación a esto», dijo el ministro cuando fue consultado sobre una revisión de las tarifas, que no han sido modificadas desde 2002.
Rodríguez dijo, además, que el Gobierno reducirá considerablemente la venta de electricidad al norte de Brasil.
Chávez ha llamado a la población a no derrochar el agua y la luz, y ha dicho que el consumo de energía se ha disparado por una mayor actividad económica en el país, pese a que en 2009 el PBI se contrajo un 2,9% luego de un lustro de expansión.
El martes, el Gobierno tuvo que flexibilizar una impopular medida que restringía el consumo de electricidad y limitaba los horarios de los centros comerciales de 11 a 21, lo que dejaba inactivos salas de cines, bancos, restoranes y afectaba el empleo en el sector.
Rodríguez había dicho que el país podría cerrar totalmente las operaciones de las plantas de hierro, aluminio y acero ante la necesidad acuciante de ahorrar energía. La medida alcanzaría a las mineras estatales, ubicadas en la región de Guayana, que consumen alrededor de la cuarta parte de la hidroelectricidad que se produce en el país.
En tanto, unos 500 trabajadores de Venalum, una de las empresas estatales de aluminio, protestaron ayer por la decisión del Gobierno de apagar parte de sus líneas de producción para reducir el consumo de electricidad.
«Con esta decisión se le decretó la muerte a Venalum, esto parece un cementerio», dijo Manuel Díaz, dirigente sindical.
«Estas medidas no solucionan el problema eléctrico, pero sí afectan a miles de trabajadores que podrían perder su trabajo. Va a afectar gravemente la economía de la zona», sostuvo el representante.
En el caso de Venalum, la reducción será de 300 MW al día, lo que implica un recorte en la producción de unas 14.000 toneladas del metal y pérdidas calculadas en 400 millones de dólares, según Díaz.
«Estas empresas no son de Chávez, ni del ministro (de Minería Rodolfo) Sanz. Ellos no consultaron a los venezolanos para cerrar la producción, mucho menos a los trabajadores», protestó.
Agencias AFP y Reuters


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