La economía, en medio de la estabilidad democrática, elevó de hecho a 21.500 dólares el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, pero sin evitar que la mitad de los hogares viva aún con sólo 1.000 dólares mensuales, según cifras oficiales.
Chile, históricamente uno de los países más pobres de América Latina, es hoy una de sus naciones más pujantes en el promedio macroeconómico, con tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China, entre otras naciones.
La estrategia de desarrollo neoliberal, que borró todo vestigio del proyecto socialista impulsado por el depuesto presidente Salvador Allende (1973-1990), fue labrada, eso sí, con reticencias de sectores militares nacionalistas que desconfiaban en un inicio del capital externo.
Pero finalmente, el proyecto fue asumido por empresarios y líderes políticos de casi toda la derecha. "Le cambió el 'pelo' (estatus) al país", dijo incluso días atrás el diputado Iván Moreira, público defensor de la obra de Pinochet.
Pero, en ese proceso, uno de los hechos más inesperados fue la defensa y profundización que hicieron del modelo de desarrollo neoliberal los opositores a Pinochet, una vez que llegaron al poder en 1990, en un mundo marcado por la caída del Muro de Berlín.
De hecho, el centroizquierda, en el poder ininterrumpidamente entre 1990 y 2010, privatizó el suministro de agua y electricidad, así como la gestión de cárceles y caminos. También entregó a la banca el "negocio" de financiar la educación universitaria.
Además, los otrora detractores del régimen tampoco frenaron las crecientes concentraciones oligopólicas en diversos sectores económicos como las comunicaciones, las farmacias o la empresa forestal.
Líderes sindicales, que reprochan las consecuencias de esa concentración, sostienen que un factor clave en ese proceso fue la desmovilización del mundo sindical.
"Hubo 367 líderes sindicales ejecutados o desaparecidos", contextualizó la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, la profesora Bárbara Figueroa.
La dirigente, la primera mujer en presidir una unión sindical en Latinoamérica, consideró por ello que la represión tuvo objetivos económicos y políticos que aún tienen efectos.
"En definitiva, se terminó el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad laboral iniciado en el Gobierno democratacristiano de Eduardo Frei (1964-1970) y profundizado con Allende", apuntó.
La dictadura, donde la cesantía llegó al 27% en los años 80, implementó de hecho un plan laboral que prohibió las negociaciones a sectores productivos y autorizó a las empresas a contratar trabajadores durante las huelgas, algo que aún está permitido en Chile.
Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos en la actualidad es el ingreso masivo de las empresas a la provisión de derechos sociales. De hecho, en Chile la salud, las pensiones, las energía, las rutas y la educación son administradas por capitales privados.
Las miles de protestas surgidas a partir de 2011 pusieron por primera vez en cuestión ese esquema económico social, tema que copa el debate político de cara a las elecciones presidenciales, donde la opositora y exmandataria socialista Michelle Bachelet es favorita.
Las propuestas, en todo caso, apuntan a una mayor presencia del Estado en la provisión de derechos, pero en ningún caso en un retroceso del esquema de libre mercado y libre comercio, inaugurado en dictadura.
| Agencia DPA |
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