La letra chica hace más temibles aún los decretos

Casi todos los inmigrantes de Estados Unidos corren ahora peligro de deportación.

Washington - El Gobierno de Donald Trump ya comenzó a dar forma a un agresivo plan migratorio destinado a acelerar la deportación de inmigrantes y que en su letra chica incluye arbitrariedades, inexactitudes e incluso un potencial riesgo para la seguridad del país, según expertos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la política migratoria, publicó dos documentos sobre cómo las fuerzas del orden deben de interpretar las órdenes ejecutivas (decretos) que proclamó Trump el 25 de enero para acelerar las deportaciones y crear un muro con México.

Los analistas coinciden en que las nuevas directivas confieren un gran poder a las fuerzas del orden, que ahora podrán pedir documentos, detener y deportar casi a cualquier indocumentado.

"Las directivas harán nuestro sistema de adjudicación de visados menos preciso, nuestro sistema de detención de inmigrantes será más peligroso y, en general, el sistema migratorio será más arbitrario e inhumano", dijo Margo Schlanger, exdirectora de la oficina de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional.

Aunque el plan es muy agresivo, los expertos advierten que Trump por sí solo no podrá sacar adelante algunas de las medidas porque necesita la colaboración del Gobierno de México y la aprobación de partidas por parte del Congreso para, por ejemplo, contratar a 15.000 nuevos agentes.

El experto del grupo progresista Center for American Progress, Tom Jawetz, cree que el aspecto más preocupante del plan migratorio de Trump es que borra la categoría de "prioridad de deportación" y pone al mismo nivel a los 11 millones de indocumentados.

Durante los dos últimos años del Gobierno del presidente Barack Obama las deportaciones se dirigieron contra aquellos condenados por delitos graves y no contra los indocumentados que viven en el país desde hace décadas, contribuyen a la economía y tienen, por ejemplo, hijos con nacionalidad estadounidense.

Bajo las nuevas reglas, las autoridades pueden deportar a cualquiera que haya cometido una falta como pasar un semáforo o exceder un límite de velocidad. De hecho, los agentes podrán deportar a cualquiera que sea un "riesgo para la seguridad nacional" o que haya "abusado" de cualquier programa de subsidios.

En las nuevas directivas migratorias, también se incluye la posibilidad de presentar cargos criminales o expulsar a los padres que paguen a un coyote (traficante de personas) para que ayude a sus hijos a cruzar los desiertos y ríos que separan a Estados Unidos de sus países de origen, especialmente, en Centroamérica.

"Independientemente de los deseos de reunificación familiar, o las condiciones en otros países, el contrabando o el tráfico de niños extranjeros es intolerable", determinó el Gobierno esta semana.

Otra de las ideas más polémicas de EE.UU. es la expulsión a México de los indocumentados de cualquier nacionalidad para que tramiten desde allí sus peticiones de asilo y comparezcan ante las cortes estadounidenses por teleconferencia, una idea que ya ha rechazado el Gobierno mexicano.

En sus nuevas normas, además, el Ejecutivo resucita los programas de cooperación entre la Policía local y las autoridades migratorias, una propuesta que ya se topó con el rechazo frontal de las "ciudades santuario", unas 300 en las que las autoridades protegen de la deportación a los inmigrantes.

El rechazo a las ideas de Trump también surgió entre antiguos jefes de las agencias gubernamentales encargadas de la seguridad fronteriza, como Julie Myers Wood, que dirigió la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) con George W. Bush. Esta cree que algunos de los puntos de las nuevas directivas podrían ser ilegales y menciona, por ejemplo, la posibilidad de que se vulnere el derecho a la defensa de los inmigrantes sometidos a las llamadas "expulsiones aceleradas", aquellas en las que los inmigrantes son deportados sin comparecer ante un juez.

Agencia EFE