La matriz de los pagos ilícitos

Si hay algo que el reciente escándalo en el Ministerio de Economía, por el presunto pago ilícito de $ 54 millones al grupo de aseguradoras Accolade Pool, reveló es que, más allá de que las gestiones pasen, los casos, los nombres y las modalidades se siguen repitiendo. Algunas causas ya son conocidas (como el caso Meller y el caso Greco), otras apenas empiezan a vislumbrarse, pero todas tienen algo en común: juicios millonarios al Estado, que en general son injustificables y sin embargo avanzan. Las ganancias de esta maquinaria fraudulenta podría llegar a ascender a los $ 480 millones.
Las denuncias presentadas por los fiscales Manuel Garrido y Raúl Pleé hicieron foco sobre todo un sistema que desde hace años estaría dedicado a defraudar al Estado: algunos casos sobresalen por los montos millonarios reclamados, como la demanda de Astilleros Mestrina por saldos impagos, que escaló hasta los $ 80 millones. Una vez más, la Dirección de Administración de Economía aprobó sin objeciones la suma sideral y el reclamo avanzó, si bien distintos entes, como la SIGEN, mostraron sus reparos. Uno de los principales acusados por Garrido y Pleé habría sido el encargado de las gestiones: el croata Iván Holjevac. Yolanda Eggink, ex directora de Asuntos Jurídicos en Economía, actual procesada por el caso Greco y también muy vinculada al caso de los $ 54 millones, ya ocupaba ese puesto en el Ministerio. La empresa también está inmersa en otro caso de un supuesto pago ilícito, por la construcción del buque Navenor, por el que reclamó al Estado cobrar una deuda de $ 5.408.498.
Estas demandas están relacionadas al Fondo Nacional de Marina Mercante, creado en 1973 para subsidiar la construcción de barcos, a través de subsidios y préstamos, que muchas veces nunca fueron devueltos. En otro caso, como el de Astilleros Corrientes, la compañía no sólo no devolvió el dinero, sino que demandó al Estado por el pago de un buque, incluyendo el depósito por la parte de la nave que empezó a armar y nunca terminó. El conflicto atravesó los gobiernos de Menem y de la Alianza, sin resolución, a medida que el buque se deterioraba (material y monetariamente), mientras que la deuda ascendía. Luego de años de negociaciones, el reclamo millonario fue pagado. Tanto Holjevac, como Eggink habrían sido los principales impulsores de esta negociación, que estuvo lejos de beneficiar al Estado.
Las casualidades se repiten. En Diputados, por ejemplo, se presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, al estallar el caso Greco en 2007, sobre el funcionamiento de la Secretaría Legal y Administrativa de Economía (donde se solicitan precisiones sobre el procedimiento de pagos en casos como Mestrina, Meller o Greco) En ese pedido se pregunta si se realizó una sesión a la empresa Donatel SA y los antecedentes de la misma. Esa empresa aparece mencionada en el Capítulo 9 del informe final sobre Lavado de Dinero. Pero poco se avanzó desde entonces en aclararlos.