17 de abril 2015 - 00:00

La oposición brasileña habla por primera vez de un juicio político a Dilma

 Brasilia - En menos de 24 horas dos noticias "bomba" dejaron al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff al borde del abismo. A primera hora del miércoles, el tesorero nacional del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto, fue arrestado por sus presuntos nexos con el escándalo de corrupción en Petrobras. Por la tarde, el Tribunal de Cuentas encontró indicios de delito de responsabilidad fiscal durante su primera gestión.

Ambas noticias castigan aún más a un Gobierno debilitado por una creciente crisis política, sumergido en paupérrimos índices de popularidad (13%) y cercado por una oposición que busca fundamentos jurídicos para dar cabida a un clamor popular: la apertura de un juicio político contra la presidenta que puede derivar en su destitución.

La petición de "impeachment" fue la principal reivindicación en las dos jornadas de protestas antigubernamentales que se realizaron en marzo y el último domingo, y es apoyada por el 63% de los brasileños, según un sondeo reciente.

Joao Vaccari Neto, secretario de Finanzas del PT, en el cargo desde 2010, fue arrestado bajo sospecha de haber intermediado la transferencia de recursos desviados de Petrobras para alimentar las finanzas de su partido. A esto se suma otra sospecha, aún más grave para el Gobierno: la de que parte de esos fondos ilícitos hayan sido destinados, al menos en parte, a las dos campañas electorales de Rousseff en 2010 y en 2014.

"El hecho dará munición a una oposición que dio una clara señal de que dejará la postura pasiva y buscará el enfrentamiento. Todavía no se puede decir si la prisión de Vaccari será el argumento (jurídico para el juicio político), pero es, sin duda, lo que la oposición tiene de más poderoso hasta ahora", afirmó el editor del diario O Globo, Alan Gripp.

El arresto de Vaccari Neto aproxima "peligrosamente" el escándalo de Petrobras a las campañas electorales de Rousseff, subrayó el comentarista político Merval Pereira. Pero aquél es el segundo tesorero nacional del PT en ir tras las rejas: previamente ya había ido a prisión Delúbio Soares, condenado por un caso de corrupción ocurrido durante el primer Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

A las dudas sobre la legalidad de las finanzas de las campañas de Rousseff se sumó la aprobación, el miércoles a la noche, de un informe del Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) que considera delito de responsabilidad fiscal las maniobras realizadas por el Tesoro para "maquillar" el déficit del Gobierno en 2014.

Según informó el portal del diario Folha de Sao Paulo, el informe fue aprobado por unanimidad y se refiere a la retención, por parte del Tesoro, de recursos destinados a pagar beneficios sociales.

El llamado "bicicleteo" fiscal está siendo analizado desde hace tiempo por la oposición, que ve allí una brecha para iniciar un proceso de "impeachment".

El TCU convocó a 17 autoridades para hacer sus descargos. De comprobarse que el Gobierno incurrió en el delito de responsabilidad fiscal, el caso pasaría al Ministerio Público (Fiscalía).

En base a esos dos presuntos delitos de responsabilidad fiscal, el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), senador Aécio Neves, dijo por primera vez con claridad: "El 'impeachment' no es una palabra prohibida".

Neves, que fue derrotado por Rousseff en la segunda ronda electoral en 2014, explicó que por el momento su partido no decidió iniciar el juicio político. Pero "tenemos el deber de evaluar cada una de las denuncias, y si se considera que hubo la caracterización de delito de responsabilidad, este (el juicio político) es una posibilidad prevista en la Constitución", advirtió.

Neves hizo las declaraciones tras reunirse con los presidentes de otros cinco partidos opositores, con quienes formarán un "bloque" con el fin de aunar esfuerzos en la búsqueda de indicios que den solvencia jurídica para iniciar el juicio contra Rousseff.

En la reunión también participaron los líderes de más de 20 movimientos apartidarios, los mismos que sacaron a las calles a unos 2,5 millones de personas en las dos protestas anti-Rousseff de este año.

Según informó al analista del portal UOL, Josias de Souza, los políticos fueron instados a decir "sí o no" a las demandas de los grupos apartidarios, a lo que Neves respondió: "Quiero dejar claro que vinimos acá para decir un sonoro sí a la demanda de las calles y queremos el apoyo de las redes sociales, de los movimientos".

Según el legislador, que el apoyo "de las calles" es "el impulso que el Congreso necesita para hacer valer ese sentimiento".

"Ustedes tienen el instrumento que nos faltaba, que es el apoyo popular. Quiero decir que en este momento comenzamos a hacer historia", vaticinó el senador socialdemócrata, en lo que puede interpretarse como una demostración más de que la posible salida forzada de Rousseff del poder ya está instalada en la agenda nacional.

Agencia DPA

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