La oposición critica el fallo contra la amnistía

Montevideo - El fallo de la Corte Suprema de Uruguay que declaró inconstitucional la amnistía para los crímenes de la dictadura, conocido el lunes, a seis días de un referendo popular para derogar la denominada Ley de Caducidad y de las elecciones presidenciales, generó malestar en la oposición, no tanto por la cuestión de fondo sino por la oportunidad del dictamen judicial, que en teoría favorece al oficialista Frente Amplio.

La diputada uruguaya Adriana Peña, del Partido Nacional que postula al ex mandatario Luis Alberto Lacalle a la Presidencia, criticó ayer el «momento» en que la Suprema Corte declaró inconstitucional la Ley de Caducidad en un caso concreto, a cinco días de las elecciones.

«La Corte tiene todo el derecho de fallar en cualquier momento, pero tan cerca de las elecciones y con un plebiscito de por medio me parece que el elegido no fue el más feliz», afirmó Peña.

Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte falló que la ley es «inconstitucional» en el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, asesinada en 1974 durante la dictadura que gobernó en Uruguay entre 1973 y 1985.

Obediencia

«Para mí, la Justicia es palabra santa y sus fallos se acatan siempre, pero me parece que se mezclaron aspectos políticos en la decisión de la Suprema Corte», agregó la diputada del Partido Nacional (Blanco).

Jueces, políticos y víctimas de la dictadura coincidieron ayer al señalar que el dictamen de inconstitucionalidad abre las puertas a la revisión de más casos de violaciones de derechos humanos.

Es «un punto de partida», dijo Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, ella misma víctima de la represión de la dictadura uruguaya, que recuperó su identidad hace pocos años.

Los jueces justificaron su decisión en que la Ley de Caducidad, sancionada en 1986 y ratificada en un plebiscito en 1989, viola la separación de poderes debido a que los jueces están obligados a consultar al Poder Ejecutivo sobre los casos contenidos o fuera de dicha ley, y es el Gobierno, en definitiva, el que tiene la última palabra.

Los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura, tanto los del Partido Colorado como los del Partido Nacional (ambos de centroderecha), aplicaron de manera amplia la ley y no prosperaron las denuncias contra militares y policías implicados en violaciones a los derechos humanos.

Con la llegada al poder, el 1 de marzo de 2005, del presidente Tabaré Vázquez (socialista), primero de izquierda en la historia de Uruguay, varias denuncias recibieron «luz verde» y ocho militares y policías fueron juzgados y encarcelados, entre ellos el ex dictador Gregorio «Goyo» Álvarez.

Agencias EFE y AFP