La reforma sin fin y el plan de juez a la Corte por 5 años

 Otra changa para el verano y le toca al Ministerio de Justicia: tenerle preparada a Cristina de Kirchner para el 1 de marzo la segunda ley procesal penal que debe articular la aplicación efectiva de la reforma que aprobó el Congreso antes de cerrar 2014. En esa norma deben establecerse las funciones precisas de los fiscales en el nuevo sistema acusatorio, el rol de los jueces que deben resignar las atribuciones que les daba el derogado sistema inquisitivo y autorizar un descomunal tránsito de designaciones y de partidas que pasarán a saciar las necesidades del padrón de fiscales y a instruir las causas de ese fuero.

La elaboración de esta segunda ley procesal penal es una de las pinzas para esta pelea en el oficialismo. La otra es la designación del relevo en la Corte Suprema de la silla que dejó en diciembre Eugenio Zaffaroni. De Olivos no han salido señales de preferencias del Ejecutivo en cuanto a nombres, pero todos han retenido el de Julio Maier, señalado por Zaffaroni como el reemplazante ideal. Lo adelantó en un reportaje a The Buenos Aires Herald, pero lo repitió por cadena en otras entrevistas de despedida.

La insistencia en el personaje se explica desde el punto de vista doctrinal, porque este jurista está considerado el padre del sistema acusatorio en toda América Latina. Desde la Corte sería el magistrado ideal, en la percepción de Zaffaroni y que comparten hombres del Gobierno, para vigilar que el nuevo sistema naufrague por inacción de los jueces que no quieren perder poder cediendo la instrucción a los fiscales, bajo una catarata insoportable de amparos. Si desde la instancia de la Corte no hay un fogonero comprometido con la reforma, como sería Maier, el Gobierno cree que podría congelarse su aplicación y dormir como proyecto como el juicio por jurados espera nacer desde más de siglo y medio desde que lo impuso la Constitución en el siglo XIX.

Este hipotético sucesor no es radical, pero que es una estrella de ese partido, que lo llevó al Tribunal Superior de la Capital en su primera integración con Fernando de la Rúa. Sería un candidato ideal para arrinconar a los radicales del Senado que han jurado no votar a ningún candidato que acerque el Gobierno.

Maier tiene más de 75 años con lo cual excede el límite constitucional que respetó Zaffaroni al presentar su renuncia porque los cumplió ayer. Pero quienes creen que esta insistencia de Zaffaroni (que anoche celebró su cumpleaños con una velada en su casona de Flores) en su nombre tiene una señal de Olivos han encontrado el atajo. El inciso 4 del artículo 99 de la Constitución que habla del límite de edad dice: "Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite." ¿Aceptará Maier ser juez de la Corte por cinco años renovables? Se abre una nueva era.

Este proyecto de la segunda ley es responsabilidad del ministerio de Julio Alak y de la Procuración de Alejandra Gils Carbó, señalada por los críticos de la forma de aplicación de esta reforma que no tiene contradictores en el plano doctrinario, pero que le sobran en terreno político. Tanto que es el motivo de la principal batalla entre en el oficialismo y la oposición.

Para los contradictores del Gobierno esta reforma avanza con el propósito de asegurarles a los políticos un fuero benigno cuando llegue el juicio de residencia. Esa construcción de una justicia adicta se basa -en la percepción de los opositores- en la demora que ha tenido el sistema en la instrucción de causas por presunta corrupción de funcionarios.

El Gobierno lo niega y pone en el acento en el mismo argumento que se usó para explicar la necesidad del texto final de la reforma del Código Civil y Comercial: la Justicia está colonizada por los intereses de los "grandes estudios" que han buscado encaminar la jurisprudencia en beneficio de las "grandes corporaciones". Para eso, estos estudios han buscado manejar las designaciones de magistrados, especialmente en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. Eso ha motivado, cree el Gobierno, la indefensión del Estado en los juicios y la vulnerabilidad de los funcionarios y exfuncionarios cuando son abordados por los jueces.

Como para otras batallas, en el fondo hay en las dos partes la presunción de una guerra de clases animada desde las sombras por gerentes ocultos que tienen un dominio total de la realidad y que mueven a los protagonistas de superficie como títeres. Es conmovedora la confianza de unos y otros en la capacidad de manejo de esos actores ocultos en la Argentina de los fracasos encadenados. Si fuera cierta la eficacia de esas manos negras en el manejo de la realidad quizás hubiera que confiarles la gestión de Gobierno, que acumula desaciertos de unos y otros cuando les ha tocado gobernar.

Esas fabricaciones conceptuales tampoco resisten la prueba de la realidad, porque los jueces de la recuperación democrática salieron de los acuerdos entre el peronismo que dominó el Senado y el radicalismo de los años 80. Ese sistema de elección de magistrados siguió actuando como un loteo de partidarios desde entonces en un juego adonde es difícil probar que tuvieran vara alta los "grandes estudios".

Ese armado desde la política no impidió que magistrados y fiscales designados por el menemismo llevasen a proceso, cárcel y condena a Carlos Menem. O que una Justicia cuyos gremios manejan representantes ligados al radicalismo llevasen al mismo trámite -aunque con final distinto- a Fernando de la Rúa.

Como en tantas otras peleas, la funcionalidad de estas batallas para oficialistas y oposición está en otro lado: consolidar posiciones y liderazgos, sumarlos a disputas floridas que los mantienen juntos en un sistema envenenado por la volatilidad política.