La reforma financiera, ¿evitará una próxima crisis?

José Siaba Serrate

La reforma financiera estadounidense -en su versión definitiva- debiera estar lista para la firma del presidente Barack Obama el próximo 4 de julio. Esa es la pretensión de los políticos. Si fuera por los mercados, cuanto antes concluyan las discusiones -y se remueva un tema ácido de la palestra- mejor.

Un sistema financiero que en situación de crisis colocó a la economía a la vera del colapso requiere un rediseño profundo. Es obvio. Lo que es menos evidente es cuál tendría que ser su esquema de funcionamiento alternativo. En sus respectivos planes, EE.UU., Gran Bretaña y la Europa continental, cobijan concepciones muy diferentes entre sí, a veces en las antípodas. Tómese la muy publicitada regla Volcker que Obama abrazó en enero, y forma parte del proyecto aprobado por el Senado (pero que se ignoró olímpicamente en la iniciativa que los demócratas impusieron en la Cámara de Diputados apenas un mes antes). La prohibición de las actividades de trading por cuenta propia es un estandarte del cambio que se propone en los EE.UU. (en una versión suave). En la vereda opuesta, el Banco Central Europeo (BCE) la rechaza de plano por ajena a la tradición de banca universal del Viejo Continente. Sin embargo, para el gusto británico, la regla Volcker se queda corta. Basta cruzar el Canal de la Mancha, para advertir que las ideas en boga -extrañamente beligerantes para un país que aloja a la City de Londres y priorizó siempre sus intereses- apuntan allí al desguace de los grandes bancos. A decir verdad, una norma que separe las transacciones propias de las de terceros luce a priori más eficaz para evitar el conflicto de intereses que para mitigar el riesgo sistémico. Un objetivo muy loable, pero no central -ni suficiente- para la estabilidad financiera.

Se pueden extraer dos lecciones. No es el lobby de la banca -que existe y es importante- lo que frenó la sanción de la reforma. Mayor peso tuvo la ausencia de una visión estratégica definida con claridad. Podría pensarse que una crisis terminal debería servir como usina de ideas, pero sólo alumbró la necesidad del cambio sin que fluyera, en paralelo, su perfil acabado. Entiéndase bien: hay múltiples croquis de reforma, pero ninguno convincente a pleno o, inclusive, notoriamente superior al sistema vigente (a menos que se piense que la regulación bancaria es una innovación desconocida antes de 2010). Como ya se dijo, el propio Gobierno de los EE.UU. consideró óptimo un boceto en diciembre de 2009 (el que aprobó Diputados) y luego empujó otro, muy distinto, seis meses después en el Senado. Si el Poder Legislativo norteamericano fuese tricameral, y hubiera que esperar un semestre para un último pronunciamiento, a no dudar que otro sería el proyecto final (a la luz, seguramente, de la compulsa electoral de noviembre). La primera lección, hija de la citada visión borrosa, es que la tibieza de la reforma que suscriba Obama no debería lamentarse sobremanera. Si no se sabe adónde conviene ir, ¿qué sentido tiene dar zancadas? Si se carece de brújula, ¿cómo saber que no se girará en círculo? Pruebas al canto: la única revolución en ciernes -la que anunció la Tesorería británica- es, en rigor, una contrarreforma. De ahí que se liquida la figura inglesa emblemática de un supervisor independiente (la FSA), y se le conceden plenos poderes al Banco de Inglaterra (mayores que los que tiene la Fed). La ironía es que, a la par, Washington le quitará al banco central el escrutinio de las entidades pequeñas (como si la crisis de los Savings and Loans no hubiese existido nunca o no pudiera repetirse).

Si la reforma avanza a pesar del cabildeo de los bancos y de la poca lucidez conceptual es por el papel arrollador de la opinión pública. No hay motor más poderoso que su tenaz indignación. En tiempos de ventarrones electorales ningún político que se precie desea posar como un amigo de la banca. Si sobrevive la enmienda de la senadora demócrata Blanche Lincoln -que obliga a crear una estructura patrimonial independiente a toda entidad que quiera operar en derivados-, pese al rechazo del propio Gobierno y del mismísimo Paul Volcker (y las gestiones en contra de los bancos, a los que les costará no menos de varios cientos de millones de dólares de ganancias), es porque, a caballo de tema tan abstruso, Lincoln ratificó su banca en una difícil porfía en Arkansas.

No debiera ser novedad: para sancionar una ley, la negociación política es decisiva. Pero la senadora Lincoln, además de respaldo popular, tiene cintura. No dudó en flexibilizar su propuesta, con oportunas clarificaciones, en una carta pública. Y en ella acepta una transición de dos años de estudio antes de migrar al nuevo régimen. ¿El resultado? Tres de los doce presidentes de las Fed distritales (Fisher, Hoenig y Bullard) apoyan públicamente su moción a pesar del rechazo abierto del chairman Ben Bernanke (y de la titular de la FDIC, Sheila Bair). Quienes se oponen citan el temor a que la segmentación de firmas transfiera los riesgos hacia un nuevo sistema financiero en las sombras y así dificulte su posterior monitoreo (de ahí que Lincoln ahora admite que un holding bancario pueda ser el propietario de una entidad especializada en derivados). Que la enmienda se transforme en ley, a no dudarlo, será la gran sorpresa que depare el proceso de reconciliación que definirá la reforma, pero además revela la naturaleza del proceso. Su inspiración puede ser hostil a los bancos, pero no peca de arbitrariedad. Es, más bien, un mosaico de cambios en el margen -que pueden ser discutibles pero que no contiene barbaridades-. Son parches razonables sobre el viejo sistema. Y, como ya se dijo, operará como un descorchador de dos tiempos. Su aplicación efectiva no será inmediata (y se hará en dosis y tiempos que dependerán del criterio del regulador y supervisor y no como una imposición del legislador). ¿Se esconde aquí la mano negra del lobby bancario? ¿O una elemental sensatez, en un terreno aún muy delicado? Probablemente, ambos. A la reforma hay que pedirle dos objetivos. El más citado: que evite una próxima crisis. El más imperioso: que no resucite la crisis actual, todavía a medio digerir. Si cumple el segundo mandato, no estará mal.