Ante todo, las llamadas sociedades "fantasma" o instrumentales se usan para disimular haberes y ocultar la identidad real de un propietario de una cuenta o una sociedad. Se trata de los "trusts", estructuras jurídicas "offshore", basadas en el extranjero y a menudo en paraísos fiscales.
Son administradas por personas que aparecen como directivos de estos "trusts", lo que permite ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios, que eluden así el impuesto en su país de origen.
"Hay centenas de miles de trusts en el mundo", en Panamá, pero también en Guernesey, Bahamas o las Islas Vírgenes británicas, explicó Daniel Lebègue, presidente de Transparency International France.
El escándalo de los "Panama Papers" ilustra asimismo, en las estrategias de evasión fiscal, la omnipresencia de las "acciones al portador" o "bearer shares", acciones que permiten no divulgar la identidad de su propietario, a diferencia de las acciones nominales.
Recurrir a sociedades "offshore" no es en sí ilegal. En Francia, por ejemplo, están autorizadas si son declaradas al fisco.
Pero, según Lebègue, "detrás de estas estructuras opacas, hay dinero muy negro, procedente de actividades criminales (droga, terrorismo, delincuencia), del dinero negro (obtenido mediante corrupción) y del dinero gris (obtenido de la optimización fiscal)".
Tampoco las acciones al portador son ilegales, según los expertos. "En cambio, son contrarias a las normas internacionales. No por la acción al portador en sí, sino por no saberse quien está detrás de ella", afirmó Pascal-Saint Amans, que coordina la lucha contra los paraísos fiscales en la OCDE.
Se hicieron muchos esfuerzos en este sentido desde 2009, bajo el impulso del G20. Ello permitió una fragilización del secreto bancario (90 países se comprometieron a intercambiar automáticamente sus informaciones antes de 2018) y la adopción de un plan de lucha contra la optimización fiscal de las multinacionales, el "BEPS", adoptado en noviembre, que las obliga a declarar sus actividades país por país.
Más globalmente, los países tienen dificultades para acabar con la opacidad debido a la falta de cooperación de ciertas jurisdicciones, y a la complejidad de las técnicas utilizadas.
"Los defraudadores se adaptan" explicó Antoine Bozio, director del Instituto de Políticas Públicas (IPP), para quien "la lucha contra el fraude fiscal se juega en el terreno de las técnicas financieras".
Según una lista de la Comisión Europea publicada en junio, 30 jurisdicciones son consideradas aún no suficientemente cooperativas. Entre ellas, islas del Caribe como Anguila y Antigua-y-Barbuda, aunque también Seychelles o Liechtenstein.
Un país centra las críticas: Panamá, considerado por las ONG como la 'oveja negra' de la lucha anticorrupción, debido a su gran número de sociedades offshore (unas 100.000) y su reticencia a hacer más transparentes las famosas "acciones al portador".
"El 'black money' se concentró en las jurisdicciones que siguen siendo las más opacas, y la más opaca de todas es Panamá" destacó Pascal Saint-Amans, que aludió a una "línea de frente".
"Cuanto más avanzamos, más los defraudadores se concentran en los países que no hicieron progresos" explicó.
| Agencia AFP |
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