Licencias y contenidos, los puntos ardientes del proyecto

El discurso de Cristina de Kirchner en el Salón de la Mujer de la Casa Rosada para presentar la ley de medios fue seguido desde la Plaza de Mayo por agrupaciones piqueteras convocadas para la ocasión.

Con 157 capítulos, y profusión de anexos a pie de página, el proyecto K de servicios de comunicación audiovisual enviado ayer por Cristina de Kirchner propone un encuadre global para el marco de radio y TV, regido hasta ahora por la Ley de Radiodifusión de 1980.

El texto, girado ayer a la tarde al Congreso -y que la Casa Rosada pretende discutir y aprobar, con la menor cantidad posible de modificaciones, antes del recambio legislativo del 10 de diciembre-, incorpora «nuevas tecnologías» y pretende un nuevo esquema de reparto de señales y frecuencias.

Hay, sin embargo, dos capítulos particularmente tórridos sobre los que, se anticipa, se concentrará el debate legislativo: la disposición sobre las licencias y la propiedad de éstas, así también como todo lo referido a los contenidos de los medios audiovisuales. A saber:

Licencias. Un primer punto refiere a su duración, establecida en 10 años, con una sola reconcesión posible por el mismo plazo. Pero el punto que promete debate es el que le otorga a la Autoridad Federal (organismo que crea la ley para cumplir el rol que ahora compete al COMFER) la autoridad de revisar, cada dos años, las «reglas» de explotación de esas licencias, con el argumento de la irrupción de nuevas tecnologías.

Multipropiedad. Establece, en el artículo 38, límites a la cantidad de licencias -de explotación de una señal o frecuencia- tanto en el ámbito nacional (no más de una), hasta 10 licencias de radio y hasta 24 de «radiodifusión por suscripción» -cable- en tanto estén ubicados en lugares diferentes. Además, como regla general, pone como tope que un sólo prestador no podría controlar más del 35% del total nacional de habitantes o de abonados.

Derecho. Esa disposición, de convertirse en ley, obligaría a grupos de medios, el caso más notable es Clarín, a desprenderse de señales porque en la actualidad controla el 60% de los abonados de la TV por cable. Lo afecta, además, otra prohibición: un mismo propietario no podrá explotar la TV de aire y la TV por cable en el mismo territorio. Para el debate futuro, el artículo 41 del proyecto -bajo el título «Prácticas de concentración indebida»- indica que el «régimen de multiplicidad de licencias previsto en esta ley no podrá alegarse como derecho adquirido» frente a normas de «desregulación, desmonopolización o defensa de la competencia».

Industria nacional. El capítulo V, que va del artículo 57 al 63, se enfoca esencialmente sobre la cuestión de los contenidos, fijando una serie de requisitos sobre ellos. Establece, por caso, que las radios deberán emitir como mínimo un 70% de programación de producción nacional al tiempo que será obligación que el 30% de su música sea también nacional, de la cual la mitad deberá ser de producción independiente.

Locales. Asimismo deberán regionalizar y localizar la producción con porcentajes variados: un 50%, por caso, deberá ser de temática local, incluyendo informativos, y un 20% de contenidos educativos.

Pantallas. La TV, a su vez, deberá garantizar un 60% de producción local, un 30% de producción propia y, además, un 20% de producción independiente. Los cables, en tanto, deberán contar obligatoriamente con una señal íntegramente local, entre otras condiciones.

Cine. Se fija, además, una cuota de pantalla para el cine nacional y las «artes audiovisuales» de 6 películas por año, cuyos derechos deberán las empresas de TV adquirir previamente a la iniciación del rodaje. Es decir: estarán obligados a ser productores o, como mínimo, coproductores.

Otros puntos, también incluidos en el artículo, refieren a que no podrán ser propietarios de medios quienes hayan sido funcionarios de gobiernos de facto. Se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema de Medios Audiovisuales, y una Defensoría del Público, además de la creación del holding estatal Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA). En otro tramo crea un «abono social» para la TV por cable en aquellos lugares donde el acceso a la televisión es únicamente por esa vía.